De acuerdo con el estudio “¿Coaccionar o no coaccionar? Evaluación de las estrategias estatales para regular la minería artesanal y de pequeña escala”, hubo un aumento radical de la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) desde el auge de las materias primas en la década del 2000, con una fuerza laboral que llega a más de 44 millones de personas en 77 países en el mundo.
Presente en el XIII Congreso Internacional de Prospectores y Exploradores (proEXPLO 2023), el coautor John Hayes expuso que en Sudamérica las estrategias estatales para implementar la regulación varían ampliamente, teniendo a Bolivia, Guyana y Brasil como los países que apuestan por estrategias cooperativas para incluir el aporte de los mineros informales en la aplicación de políticas para aumentar el cumplimiento.
Mientras tanto, países como Perú, Colombia y Ecuador implementan estrategias coercitivas en diferentes grados como políticas de mano dura para aumentar el cumplimiento y a menudo apuntan a la erradicación de la actividad misma, encontrando mayor resistencia de los operadores que prefieren seguir actuando bajo la informalidad.
Para el coordinador de Investigación del Programa de Gobernanza de Recursos Extractivos de la Universidad de Calgary, después de veinte años de expansión de la MAPE, aún se carecen de modelos y evidencia que permitan comprender cuáles son las estrategias políticas más efectivas al abordar los desafíos creados por los mineros informales.
“Nuestro artículo propone un modelo secuencial para explorar las interacciones entre el Estado y los mineros informales, usando su capacidad para recaudar ingresos fiscales como indicador de su efectividad en la regulación minera, es decir, el poder del Estado para hacer cumplir mejores prácticas en un sector que actuaría fuera de la ley”, añadió.
Con base en el modelo, afirmó que “la cooperación no causa la declinación de la informalidad en el corto plazo, pero puede motivar beneficios y cumplimientos en el largo plazo”, mientras que “la coerción reduce la informalidad en el corto plazo, pero resulta ser una táctica demasiado costosa y requiere constante supervisión y vigilancia”.
Dicho esto, complementó que “en el largo, a los Estados les va mejor cooperando con los mineros informales, en lugar de coaccionarlos”, pues esto les permite atender de mejor manera los problemas de origen socioambiental, fiscal y laboral, evitando así que la actividad minera informal se esparza a áreas lejanas de la presencia de la autoridad.
Asimismo, remarcó que la producción de regulaciones políticas efectivas necesita de la asociación entre el gobierno, empresariado y sociedad civil, así como del conocimiento profundo de la actividad de la MAPE, comprendiendo sus técnicas, implementaciones, gentes, rutinas y cadena de suministro en diferentes ubicaciones geográficas.
“La asociación también puede contribuir a identificar intereses comunes y entender qué tipos de incentivos se pueden gestar para la formalización, lo que requiere de la presencia institucional para regular la actividad, afirmar la legitimidad y autoridad del Estado y crear empleo alternativo para disminuir la alta dependencia a la minería”, enfatizó John Hayes.
