En 2025, las exportaciones de oro ilegal superaron los US$ 11,500 millones, un monto 6,5 veces mayor que el de hace una década y 55% superior al de 2024. Esta expansión también se refleja en el sistema penal y financiero, indica el Instituto Peruano de Economía en un estudio difundido recientemente.
Las denuncias por minería ilegal en el Ministerio Público se duplicaron de 1,266 a 2,601 a nivel nacional entre 2021 y 2025. Estos incrementos fueron aún más pronunciados en regiones con alta presencia de minería ilegal como La Libertad (de 146 a 419), Cajamarca (de 33 a 260) y Madre de Dios (de 245 a 427).
Por su parte, los reportes de operaciones sospechosas (ROS) vinculados a esta actividad, hechos a la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS, alcanzaron US$ 6,036 millones en 2025, más de 4 veces el valor en 2024 (US$ 1,407 millones). Más aún, entre 2016 y 2025, este monto se multiplicó por ocho, frente a un incremento de solo tres veces en el resto de ROS vinculados a otros delitos.
Esta dinámica responde, en parte, al alza del precio del oro, que superó los US$ 4,500 por onza en 2025, y a la limitada capacidad del Estado para controlar economías ilegales que incluso se superponen en un mismo territorio. Esto ocurre en zonas como Pataz o Tambopata, donde la minería ilegal coexiste con el narcotráfico.
El avance de esta actividad ya afecta inversiones mineras formales por más de US$ 12 mil millones (Conga y Michiquillay en Cajamarca, Los Chancas y Haquira en Apurímac) y ha deteriorado la competitividad del país. Según el Instituto Fraser, pese a los altos precios de los metales, el Perú pasó de superar al 83% de las jurisdicciones evaluadas en 2018 a solo el 40% en 2025.
