“El Perú no puede permitir que la ilegalidad le arrebate su futuro geológico”: presidente del Ingemmet sobre minería ilegal

“La exploración formal construye conocimiento y abre oportunidades; la minería ilegal, en cambio, no explora: depreda. Destruye territorio, captura renta, evade impuestos y expulsa la inversión formal”, afirmó.

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El presidente ejecutivo del Ingemmet, Paolo Andrés Alzamora, expuso la posición de la institución frente al avance de esta problemática en el país. Señaló que la minería ilegal ha dejado de ser únicamente un problema ambiental para convertirse en una amenaza integral que compromete la economía, el orden territorial, la seguridad y la gobernabilidad del Perú.

“El Perú no puede permitir que la ilegalidad le arrebate su futuro geológico. Desde Ingemmet tenemos muy claro que esta lucha requiere información, evidencia técnica y decisión. Somos un ente técnico y vamos a poner a disposición toda nuestra información geológica y científica para enfrentar la minería ilegal”, sostuvo.

En el proExplo 2026, advirtió que, al año 2025, esta actividad ilícita habría movilizado más de 11,500 millones de dólares, equivalente aproximadamente al 2.7 % del Producto Bruto Interno (PBI), consolidándose como una de las economías ilegales más grandes del país.

Andrés Alzamora marcó una clara diferencia entre la exploración minera formal y la actividad ilegal. Mientras la primera —indicó— se orienta a generar conocimiento, atraer inversión responsable y descubrir nuevas oportunidades de desarrollo para el país, la minería ilegal opera bajo una lógica extractiva depredadora que no genera valor sostenible.

“La exploración formal construye conocimiento y abre oportunidades; la minería ilegal, en cambio, no explora: depreda. Destruye territorio, captura renta, evade impuestos y expulsa la inversión formal”, afirmó.

El presidente ejecutivo también hizo un llamado a consolidar una política pública integral y sostenida frente a la minería ilegal, que articule esfuerzos entre los distintos niveles de gobierno, el sector privado y la academia, y que priorice tanto el control como la prevención.

“No estamos solo ante un problema productivo, sino ante un desafío de Estado. La minería ilegal deja tierra muerta, fractura el tejido social y compromete el futuro de las próximas generaciones. En contraste, la exploración formal representa una oportunidad concreta para construir desarrollo con responsabilidad, sostenibilidad y visión de largo plazo”, remarcó.

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