El Gobierno aprobó el Decreto de Urgencia N° 003-2026 para garantizar la continuidad operativa de Petroperú, asegurar el abastecimiento de combustibles y proteger la estabilidad energética del país frente a un contexto internacional marcado por el incremento del precio del petróleo, restricciones de liquidez y presiones financieras sobre la empresa estatal.
“Lo que se habilita es una línea de financiamiento de hasta US$ 2,000 millones provenientes de la banca internacional bajo un esquema de compromiso contingente. Para ello se constituirá un vehículo de propósito especial, con un mecanismo de administración supervisada y una gobernanza técnica a cargo de ProInversión, entidad que cuenta con la confianza de la banca internacional. De esta forma aseguramos que los recursos sean utilizados exclusivamente para garantizar la continuidad operativa de Petroperú”, afirmó el presidente ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio.
El esquema, según el comunicado oficial, no contempla recursos del Tesoro Público ni el uso de impuestos de los peruanos para sostener la operación de la empresa, pero sí la creación de una estructura financiera especial para proteger los nuevos recursos y separarlos de las deudas históricas de Petroperú.
Los recursos serán administrados mediante un esquema de control supervisado por ProInversión y tendrán un uso exclusivo y auditado para actividades esenciales como compra de crudo, refinación y abastecimiento de combustibles a nivel nacional.
El decreto de urgencia autoriza al Ministerio de Energía y Minas (Minem) a realizar pagos o transferencias financieras a favor de entidades nacionales e internacionales vinculadas a los compromisos contingentes contemplados en el esquema. Adicionalmente, el Minem podrá asumir compromisos contingentes de corto plazo hasta por US$ 500 millones, como una facilidad financiera transitoria orientada a asegurar la operación inmediata mientras se implementa el esquema definitivo de financiamiento internacional.
Además, se establece que el Directorio de Petroperú deberá ejecutar las disposiciones operativas vinculadas al esquema en un plazo máximo de cinco días hábiles, mientras que ProInversión aprobará en un máximo de diez días el protocolo para el uso de los recursos provenientes de la banca privada internacional, consolidando un proceso técnico y sujeto a reglas estrictas de control.
“Petroperú seguirá cumpliendo su rol estratégico para el país, pero bajo un nuevo modelo orientado a la sostenibilidad y eficiencia. Esta es una estructura moderna que rompe con el esquema histórico de utilizar recursos de los peruanos para sostener pérdidas de la empresa”, sostuvo Luis Del Carpio.
