Durante el último Jueves Minero, dedicado a la formalización minera, Juan Carlos Ortiz, vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), expresó su preocupación por el uso indebido del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), al que —según señaló— han accedido operadores vinculados al crimen organizado y a actividades ilegales.
“Tenemos que separar claramente a quienes realmente buscan formalizarse de aquellos que solo utilizan el Reinfo como fachada para actividades ilícitas”, advirtió Ortiz. Enfatizó que cualquier renovación del sistema debe incorporar filtros rigurosos para garantizar la transparencia y asegurar que los verdaderos beneficiarios sean identificados.
El representante del IIMP fue enfático al señalar que el proceso de formalización no puede continuar sin plazos definidos, controles técnicos y mínimos estándares de seguridad y ambientales. A su juicio, la falta de estos elementos ha permitido que se perpetúen operaciones que generan pasivos ambientales, explotación laboral e incluso lavado de activos.
“Si no se cumplen los plazos establecidos para avanzar en la formalización, el proceso debe reiniciarse. No se trata de castigar, sino de construir un sistema creíble y sostenible”, anotó en el evento del IIMP.
Además, Ortiz cuestionó la posibilidad de que se imponga la servidumbre minera cuando no haya acuerdo entre el pequeño productor y el titular de la concesión. Afirmó que tal medida “destruiría el sistema de concesiones que ha sostenido el crecimiento de la minería formal en el país”, indicó.
“Eso sería como obligar a alguien a alquilar su casa en condiciones desfavorables y con el riesgo de que le destruyan la propiedad sin haber recibido compensación alguna”, comparó. “El titular de la concesión terminaría heredando los pasivos ambientales y sociales de una operación que nunca controló”, añadió.
