“El régimen de concesiones mineras en el Perú debe ser un incentivo para la inversión y un motor clave para el desarrollo del país”, señaló Domingo Drago, presidente de Rumbo a PERUMIN, en el evento titulado La concesión minera y los desafíos para su operatividad, desarrollado en el Jueves Minero del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).
Drago explicó que las empresas mineras planifican con un horizonte de trabajo e inversión a largo plazo, lo que requiere de un marco legal que garantice la seguridad territorial durante el tiempo que les permita desarrollar sus proyectos de manera sostenible. Con estos plazos, detalló, planifican períodos de trámites y permisos, un relacionamiento social temprano que será transversal a lo largo de la vida de la mina, actividades de exploración, licencias de construcción, desarrollo de operaciones y, simultáneamente, continúan su exploración en zonas adyacentes a la mina, lo que permite determinar nuevos proyectos de ampliación, que han sido fundamentales en los últimos años.
“El contar con una concesión minera es un paso importante, pero muy preliminar cuando hablamos de desarrollar un proyecto minero. Los plazos requeridos para construir el relacionamiento social y la generación de confianza con las poblaciones aledañas a la concesión o dentro de la misma, el acceso al terreno superficial, la etapa de exploración, el dimensionamiento de un yacimiento, diseñar la infraestructura requerida y obtener los permisos necesarios sobrepasan muchas veces las dos décadas”, informó Drago. Además, enfatizó que no existen concesiones inactivas y que la inmersión de una empresa sobre el territorio concesionado es progresiva.
Riesgos en la competitividad
El presidente de Rumbo a PERUMIN resaltó también la importancia de considerar que la minería es una industria global y que es fundamental pensar en la competitividad antes de cambiar las reglas de juego sobre las concesiones. Explicó que el Perú compite con otros países que buscan atraer capitales para hacer minería y que cualquier cambio en las normativas podría desincentivar el interés de los inversionistas, tanto nacionales como internacionales.
“Las autoridades deben mantener un marco normativo claro y estable, que permita predictividad. Solo así las empresas podrán seguir invirtiendo en el Perú, lo que no sólo impulsará el crecimiento del sector minero, sino que también generará empleo, fomentará la innovación y fortalecerá la economía nacional”, sostuvo Domingo Drago.
