La Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República avanza en la elaboración de un nuevo marco normativo para la pequeña minería y minería artesanal, denominado ley MAPE. Este borrador ha generado controversias y cuestionamientos debido a la significativa participación de mineros informales en su redacción, lo que ha generado preocupaciones sobre la imparcialidad y eficacia del proceso.
Según información de El Comercio, el borrador de la Ley MAPE se está desarrollando en mesas de trabajo en las que participan principalmente representantes de organizaciones como la Confemin y la Fenamarpe. Muchos de estos actores tienen registros suspendidos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que es fundamental para supervisar el proceso de formalización en el sector.
Afirma, además, que entre los participantes se encuentran figuras con vínculos políticos, como Máximo Franco Béquer, miembro de Renovación Popular, así como representantes de otros partidos como Podemos Perú, Perú Libre y A.N.TA.U.R.O. Esta situación ha generado la percepción de que el proceso legislativo podría estar siendo politizado.
Entre las propuestas más controversiales del borrador se encuentra la de establecer la servidumbre minera en concesiones inactivas, permitiendo que los mineros informales exploten recursos en terrenos concesionados tras un proceso de conciliación. Esta medida ha sido criticada por fomentar la invasión de concesiones formales y poner en peligro la seguridad jurídica del sector.
El borrador también contempla un régimen especial para la adquisición y uso de explosivos, así como la responsabilidad del Ministerio de Energía y Minas (Minem) para otorgar certificaciones ambientales. Estas disposiciones han generado inquietud entre los actores formales de la industria minera.
