Desde hace 22 años el Perú inició un proceso de formalización minera que con el tiempo se ha ido perpetuando y volviéndose más permisivo, abriéndole las puertas a la ilegalidad y actualmente al crimen organizado. El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), en alianza con Videnza, presentaron un análisis sobre las barreras y distorsiones del proceso de formalización minera actual, en el que también se plantean recomendaciones de cara al proyecto de Ley para la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE), que el Ministerio de Energía y Minas presentará próximamente al Congreso.
Una de las principales carencias que se advierte en el análisis es la responsabilidad de supervisar este proceso que actualmente recae en los gobiernos regionales, cuando debería ser liderado por el Ministerio de Energía y Minas, en articulación con los organismos especializados: OEFA, ANA, SERFOR, SERNANP, etc.
“El Perú necesita recuperar las riendas sobre la formalización minera”, advirtió el presidente del IIMP, Darío Zegarra, quien señaló que no hay actividad en el Perú que se desarrolle con tanta impunidad y ausencia de supervisión del Estado. Indicó además que el Reinfo, de ser un registro de formalización, se ha interpretado como un derecho para comprar explosivos, invadir y detonar territorios mineros, traficar recursos del estado sin fiscalización alguna. “El Reinfo no da para más y es clave que este no se extienda nuevamente, pues su carácter permisivo fomenta la criminalidad; además de contribuir al financiamiento de la violencia y el crimen organizado”, enfatizó Zegarra.
Al respecto, la directora de Videnza, Paola Bustamante, explicó que el Reinfo se otorga con una simple voluntad de formalización por parte del titular, y que no existen plazos específicos para que este proceso sea efectivo. En primer lugar, señaló, no existe una plataforma digital para que los titulares presenten su documentación y que hagan seguimiento de ello. Tampoco existe una plataforma que permita la interoperabilidad entre las direcciones regionales de minería con los organismos especializados del Estado, de manera que la información suministrada por el titular se pierde en el proceso.
A ello se suma la falta de capacidad de los gobiernos regionales para validar la tenencia sobre los territorios, de manera que pueden existir operaciones ilegales sobre áreas naturales protegidas, que cuentan con Reinfo. Asimismo, está la falta de incentivos para un titular minero que busca ser formal, pues en caso logre consolidar este proceso, encuentra barreras y exigencias desde el Estado que dificultan su sostenibilidad. “Debemos crear incentivos para que ser formal resulte un beneficio y no un perjuicio”, sostuvo Bustamante.
El IIMP y Videnza señalaron que las autoridades nacionales tienen la oportunidad de demostrar su compromiso con el bienestar de la población, implementando un proceso de formalización efectivo, en donde se garanticen condiciones de trabajo seguras para los miles de trabajadores que, actualmente, ponen en riesgo sus vidas. “Se necesita sinergia entre Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial para combatir la ilegalidad, y promover una minería más responsable y sostenible”, comentó el presidente del IIMP.
