Darío Zegarra, presidente del Consejo Directivo del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), indicó en el Expomina que su institución realizó recientemente un análisis del proceso de formalización minera y encontró que no existe un ente rector que se haga 100% responsable del mismo. “Contar con uno se convertiría en una gran muestra de decisión política para combatir frontalmente a la minería ilegal”, dijo.
El vocero del IIMP continuó destacando que se necesitan leyes que se cumplan y, que, para ello es necesario contar con una infraestructura estatal que garantice el funcionamiento de todo el aparato de justicia: “Lamentablemente, en nuestro país eso no existe, por lo que sin decisión política nada podrá avanzarse seriamente”.
Guillermo Vidalón, superintendente de Relaciones Públicas de Southern Copper Corporation, señaló que se necesita de inteligencia para detectar el alcance del poder de la minería ilegal y la criminalidad. “La delincuencia solo disminuirá fomentando la formalización y la educación para generar conocimiento”, dijo.
Iván Arenas, director de Cuentas de Diálogo Social, mostró su preocupación por la gran cantidad de intereses políticos, sociales y económicos que existen detrás de la minería ilegal.
Rodolfo García, alto comisionado de la minería ilegal de la Presidencia del Consejo de Ministros, sostuvo que para terminar la ilegalidad hay que continuar llevando a cabo medidas concretas.
