El gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), Carlos Gallardo, presentó los resultados de un nuevo estudio denominado “Análisis comparativo de acciones gubernamentales frente a la minería ilegal e informal en América del Sur”, elaborado a solicitud de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).
El economista reveló que, hacia el 2023, el volumen de exportación de oro ilegal en el Perú se ha multiplicado hasta 7 veces comparado con el 2005, alcanzando las 77 toneladas de oro ilegal exportado al cierre del año pasado, valorizadas en US$4,833 millones. De acuerdo con el IPE, hay una tendencia a que las exportaciones ilícitas continúen este ritmo de crecimiento, por el alto precio que mantiene ese metal precioso y ante la falta de un abordaje desde el sector público en este tema.
Otro de los hallazgos importantes del estudio, presentado en el Simposio-XV Encuentro Internacional de Minería, es que nuestro país es el que más oro ilegal ha exportado en el 2023 en Sudamérica, alcanzando el 45% de participación. Dicho porcentaje, incluso, es mucho mayor en la participación que muestran países vecinos como Brasil, Colombia, Bolivia, Ecuador y Venezuela.
Este estudio, dijo Gallardo, se presenta en un contexto, en el cual la minería ilegal e informal se ha expandido durante los últimos años en diversos países de América del Sur, agravando sus efectos nocivos sobre la economía, el bienestar de los ciudadanos y el cuidado del medio ambiente y de las comunidades. La minería ilegal, subrayó, también trae consigo altos índices de crimen organizado trasnacional y delitos como la trata de personas, contrabando y extorsión.
“La minería de oro artesanal, mayormente informal o ilegal, ha sido responsable del 40% de las emisiones globales de mercurio. Incluso, en los últimos 5 años, ha deforestado más de 120 mil hectáreas en Brasil, Perú, Colombia y Ecuador, equivalente a 170 mil canchas de fútbol. Es una actividad que no solo genera enormes perjuicios para la sociedad, sino también para nuestro ambiente”, enfatizó.
En ese sentido, el representante del IPE afirmó que las políticas de formalización minera no han funcionado en Latinoamérica por la ausencia de una política integral y articulada, de lo que se han aprovechado las organizaciones criminales y grupos armados vinculados a la minería ilegal.
Entre las propuestas elaboradas por el IPE, explicó que, se encuentran la implementación de acciones de interdicción permanentes, coordinadas y estratégicas, con énfasis en un mayor trabajo de inteligencia, así como de políticas de formalización con plazos estrictos, fiscalización y acompañamiento efectivos, sin excepciones a la regla. También se requiere de una política de trazabilidad integral a lo largo de toda la cadena de suministro del oro.
