Los principales gremios empresariales expresaron hoy su rechazo a la decisión del Congreso de la República de derogar la disposición el DL 1607 que contemplaba medidas para frenar el avance del crimen organizado asociado a la minería ilegal en el país. Los gremios exhortaron al Congreso y el Poder Ejecutivo a que se unan a la lucha contra la criminalidad.
La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), la Sociedad de Comercio Exterior (ComexPerú), la Asociación de Gremios Productores Agrarios (AGAP), la Asociación de Exportadores (ADEX), el Instituto de Ingenieros de Minas (IIMP) y la Confederación de Empresas Comunales lamentaron que “la medida adoptada por el Parlamento represente un retroceso en la lucha contra la que es hoy la primera economía criminal en el Perú, que es la minería ilegal, superando al narcotráfico”.
Estas entidades señalaron que al derogarse la disposición el DL 1607, se limita el accionar de la Policía Nacional para controlar el tráfico de explosivos que la minería ilegal usa no solo para robar mineral, sino para desviarlos hacia otras actividades ilegales que afectan la seguridad nacional.
En ese contexto, expresaron que, al eliminarse esta disposición, se prolonga el incentivo para invadir terrenos que están concesionados a terceros por el Estado peruano, creando un clima de inestabilidad jurídica que desincentiva las inversiones, debido a que se elimina el plazo perentorio de 90 días que se dio para que los informales presenten los acuerdos suscritos con las concesiones mineras que han invadido.
Los gremios empresariales manifestaron que es necesario revisar y fortalecer el proceso de formalización de la pequeña minería, pero para ello se debe separar “la paja del trigo”. “Una cosa es minería a pequeña escala o artesanal —sea formal o informal— y otra es la minería ilegal, que es criminal y actúa de la mano con otras organizaciones delictivas”, precisaron.
De otro lado, alertaron que el gran problema es que el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), como está estructurado, sirve para encubrir la libre operación de los mineros ilegales, usando explosivos y armas de guerra, violando los derechos humanos, devastando los ecosistemas y robándole importantes recursos económicos al país.
A su vez, subrayaron que la medida aprobada por el Poder Legislativo va en contra de la economía formal, y de la seguridad y bienestar de todos los peruanos que día a día están a merced de las organizaciones criminales que ahora actúan con impunidad en el territorio nacional.
