El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) advirtió, según el diario El Comercio, que los procesos burocráticos del Gobierno y los conflictos sociales frenan el desarrollo de la actividad minera, poniendo en riesgo inversiones por US$ 5.829 millones para el periodo 2023-2026, relacionadas a diez proyectos nuevos y de expansión.
El gremio empresarial consideró que los plazos otorgados para los trámites y entrega de permisos son un lastre para la actividad minera, pues afecta la velocidad a su crecimiento.
“Países como Canadá, Australia y Chile superan largamente a Perú en el otorgamiento de estos permisos. Por ejemplo, obtener un permiso de explotación temprana puede tomar unas cuatro semanas en Canadá, unos meses en Chile, pero en Perú el plazo es casi año y medio, situación que afecta el atractivo de inversión más aún en tiempos en que el precio de los minerales va en aumento”, sostuvo el jefe del IEDEP de la CCL, Óscar Chávez.
Subrayó que la lentitud de estos procesos es sumamente preocupante, ya que no solo afecta a nuevos proyectos, cuyas aprobaciones de trámites y permisos para autorizar su inicio pueden tomar hasta tres años, sino también en aquellos proyectos mineros que buscan expandir su vida útil.
Este es el caso de la mina Inmaculada (Ayacucho), que al encontrarse cerca de su etapa final de operación (fines de 2023), ha solicitado -mediante la segunda Modificatoria de Estudio de Impacto Ambiental (MEIA)- expandir su vida útil hasta el año 2041, con una inversión de alrededor de US$ 4.436 millones.
Entre los proyectos mineros en construcción que están a la espera de ampliación están las minas Santa María (La Libertad) y Shouxin (Ica), que culminarían este año; y la de Toromocho (Junín), que culminaría en 2024. Asimismo, el proyecto aurífero San Gabriel (Moquegua) concluiría en 2025. Para este año se espera el inicio de construcción de los proyectos Magistral (Áncash), Romina (Lima), Reposición Antamina (Áncash) y Corani (Puno).
