La alta contaminación registrada en las cuencas de la sierra de la región La Libertad sigue siendo de gran preocupación, luego de conocerse del abandono de una operación minera, esta no estaría siendo fiscalizada por las entidades estatales respectivas ni controlada por los efectivos de la Policía Nacional de Perú asignados en la zona.
Esta situación se origina en la cabecera ubicada en Laguna Grande, donde los mineros ilegales de Quiruvilca se multiplican diariamente ante la ausencia de las autoridades.
Southern Peaks Mining (SPM), a través de su subsidiaria Minera Quiruvilca Limited, compró primero en junio 2012 la totalidad de la unidad minera Quiruvilca a la canadiense Panamerican Silver. Luego se la vendió a ella misma utilizando a otras de sus subsidiarias. Primero a la Sociedad Minera Quiruvilca Inversiones SAC, en julio 2015, y luego a la Compañía Minera Quiruvilca, regresando al punto inicial. En diciembre del año 2017, un ciudadano boliviano la declaró en quiebra y dejaron de operar desde enero 2018 cuando se abandonó la mina y dejaron de cumplir con el plan de cierre.
Tras el incumplimiento del plan de cierre, la Autoridad Nacional del Agua, a través de la Administración Local de Agua Moche Virú Chao (Informe Nº 130-2018-ANAA.A.A.-H-CH/ALA MOCHE VIRÚ-CHAO/AT/CAJM-PERH, del 26 de junio de 2018) concluye que la compañía “abandonó la Unidad Minera Quiruvilca, quedando sin tratamiento las aguas ácidas provenientes de las relaveras: Santa Catalina y San Felipe, que afectan la calidad del agua de la cuenca Moche desde su naciente”.
Cabe indicar que, a la fecha, la Dirección Regional de Minería no ha tomado cartas en el asunto, mucho menos, alguno de los congresistas que representan la región liberteña.
El gerente general de servicio de Agua Potable y Alcantarillado de la zona (Sedalib), Juan Mimbela León, alertó a las autoridades competentes sobre la contaminación registrada en las cuencas ubicadas en la sierra liberteña y que alimentan de agua a la ciudad de Trujillo, a fin que se realice una pronta reacción en fiscalización minera y legislativa por parte de las instituciones.
