Por primera vez desde octubre de 1977 –fecha de inicio de operaciones–, la unidad minera San Rafael, la principal mina productora de estaño en Sudamérica, apagó sus motores por amenazas de ataque a su establecimiento.
El 11 de enero, San Rafael acató el duelo nacional decretado por el Gobierno Regional de Puno después de los lamentables sucesos por los enfrentamientos con las fuerzas del orden. Y el 13 de enero, ante la escalada de la violencia, decidió detener la producción de su planta de concentrado ante el peligro que corrían sus trabajadores.
Actualmente hay 4,500 empleos en riesgo debido a que los bloqueos en el distrito de Antauta, en la provincia de Melgar, continúan. El 75% de estos trabajadores son de la región Puno y la mayoría de ellos han sido enviados de vacaciones para que no se perjudiquen sus ingresos económicos.
Según el diario Perú 21, la mina San Rafael no puede reiniciar sus operaciones porque, en dos oportunidades, los azuzadores intentaron ingresar al campamento de la unidad minera para “verificar” que las operaciones estén completamente suspendidas. La primera incursión fue el 13 de enero y la segunda el 17 del mismo mes. En ambos casos, indican los trabajadores, las acciones de fuerza fueron mitigadas por la comunidad de Antauta.
Las vías también están bloqueadas y, pese a que hay “tregua” por algunos días, esta no es para San Rafael, pues sus camiones están identificados y notificados de no transitar por los violentistas.
El lunes 20 de febrero, se realizó una asamblea pública en la plaza del distrito de Antauta con la participación de representantes de la empresa minera. La posición mayoritaria de la población fue la de reactivar las actividades productivas de San Rafael; sin embargo, hubo dirigentes y autoridades locales que decidieron esperar más tiempo hasta que la situación política se normalice.
Hoy 27 de febrero habrá una nueva reunión para ver si de una vez por todas 4,500 trabajadores vuelven a sus labores. El principal temor de la población es la reacción que se pueda suscitar en los distritos vecinos que han hecho explícitas amenazas contra el reinicio de San Rafael y contra el distrito de Antauta.
Hasta el 24 de febrero, los cálculos por pérdidas se estiman en S/472 millones por ventas de estaño fino, lo cual repercute directamente en el pago de tributos y, por lo tanto, en el canon que recibirá Puno en 2024.
