Hace 45 días, la unidad minera San Rafael no produce concentrados de estaño. La compañía Minsur, que opera este yacimiento en la provincia puneña de Melgar, suspendió operaciones el último 11 de enero, en duelo por las muertes ocurridas en Juliaca.
Desde entonces, la mina solo realiza actividades de cuidado y mantenimiento ambiental dentro de la operación, ya que las protestas sociales le impide trabajar. Sus voceros explicaron que las afectaciones son millonarias para la compañía de capitales peruanos (grupo Breca) y el Estado.
A la fecha, se calcula una pérdida de S/472 millones por ventas de mineral concentrado que no pudieron colocarse en el mercado internacional, publicó el diario La República.
De esa cifra, se estima que el Estado peruano dejó de percibir S/124 millones de impuesto a la renta, regalías e Impuesto Especial a la Minería. Para el Gobierno regional y municipios de Puno, el impacto se sentirá el próximo año, cuando se abonen los impuestos correspondientes al ejercicio 2023, sobre todo el impuesto a la renta.
Casi el 77% de las contribuciones anuales que recibe la región altiplánica proviene de la minería. El año pasado, entre Gobierno regional y municipios dispusieron de más de mil millones por canon, sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones, revela el portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Los proveedores locales también han sentido la pegada. Unos 250 pequeños negocios locales en Antauta y Ajoyani dependen directamente de las ventas que le hacen a la unidad minera.
El presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Víctor Góbitz, en una entrevista a un medio nacional, expresó su preocupación por este caso. Sería la única operación minera en el país que no restablece actividades.
