Videnza Instituto: “Vemos que cada vez las bandas criminales controlan territorios y ejercen mucha violencia”

De acuerdo con una estimación de Videnza Instituto, ante el aumento de criminalidad, las empresas invierten aproximadamente S/15 mil millones en seguridad privada al año

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El director de Videnza Instituto y exministro de Economía, Luis Miguel Castilla, advirtió que la falta de seguridad jurídica y ciudadana es un problema que viene afectado la economía de nuestro país. Por ejemplo, refirió que la falta de abordaje efectivo a la minería ilegal, que va de mano con el crimen transnacional, perjudica la imagen de país y la integridad del territorio.

“Vemos que cada vez las bandas criminales controlan territorios y ejercen mucha violencia, y tenemos esto en Piura, La Libertad, en Puno, en Madre de Dios, en Arequipa y esto va a ir avanzando. Hay un riesgo que esto se pueda contagiar en regiones colindantes. Ese es un problema, porque no hay Estado de derecho y es un problema serio”, advirtió en Diálogos Mineros del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

Para el exministro también la inseguridad ciudadana afecta la posibilidad de que el Perú tenga un mejor crecimiento. De acuerdo con una estimación de Videnza Instituto, ante el aumento de criminalidad, las empresas invierten aproximadamente S/15 mil millones en seguridad privada al año.

“Ahora se deben invertir cuantiosos recursos en seguridad privada. De hecho, hoy lo que gasta el Estado en seguridad pública es más o menos S/ 15 mil millones y hemos calculado que la seguridad privada que contratan las empresas puede costar otro monto similar de S/ 15 mil millones que se pierden y que, en vez de destinarse a otros usos más productivos, se destinan a resguardar la integridad de los trabajadores, y de las plantas, las empresas y los yacimientos en este caso”, detalló en el programa del IIMP.

Castilla refirió que la falta de seguridad jurídica también desalienta la inversión, debido a que el Estado viene incumpliendo acuerdos en concesiones y contratos. “Si se comienza a violentar la seguridad jurídica, las inversiones se van a otro lado”, concluyó.

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