El gobierno del presidente José María Balcázar publicó hoy lunes un decreto de urgencia que dispone un nuevo ‘salvataje’ por hasta US$2,500 millones para sostener la operación de la estatal Petroperú.
Además, la norma otorga a ProInversión facultades para estructurar fideicomisos, dirigir el uso de recursos y acelerar la reorganización patrimonial de la petrolera estatal.
El presidente de Petroperú, Roger Arévalo, anunció recientemente que existía un interés de la banca privada para otorgar un financiamiento de hasta US$ 2,000 millones, aunque precisó que la empresa necesita unos US$ 2.500 millones.
Informó que el Poder Ejecutivo diseña un mecanismo de financiamiento de urgencia. La propuesta contempla la participación del sector privado mediante una estructura similar a las asociaciones público-privadas.
Arévalo descartó, hace unos días, que “su pedido” sea un financiamiento directo del Tesoro Público.“No es un aporte del Estado, sino un financiamiento privado”, precisó. El pedido puntual, añadió, es que se apoye con créditos de capital privado.
En los últimos cuatro años, Petroperú recibió unos S/ 18,400 millones en ayudas financieras y salvatajes.
Al respecto, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) expresó que otorgar un nuevo apoyo financiero a Petroperú por US$ 2.000, mediante una garantía a un préstamo, implicará que el Estado asuma un riesgo fiscal sin visos de una reestructuración real y técnica de la petrolera estatal.
“La crisis financiera de Petroperú es pública desde hace años, pero ya no es viable continuar dándole fondos o garantías ante la falta de evidencias de que se está buscando corregir su situación económica y operativa, así como de los avances concretos en su proceso de reestructuración y buena gobernanza que ofrecieron en su oportunidad las autoridades”, comentó el gremio minero energético.
La SNMPE señaló que Petroperú no puede seguir operando en base al apoyo financiero que le viene dando el Estado, el cual solo en el periodo de 2017 a 2024 ascendió a más de US$ 5,225 millones, desviando recursos que podrían servir para mejorar los servicios de salud, educación, saneamiento, entre otros, que necesita la población que viven en zonas de extrema pobreza.
