El gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Gustavo De Vinatea, recordó que el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) fue creado con la intención de facilitar el proceso de formalización para los pequeños mineros y mineros artesanales, un sector históricamente regulado de manera estricta, lo cual dificultaba su acceso a la formalización. Sin embargo, señaló que, en los últimos años, la minería ilegal ha encontrado en el Reinfo una brecha para operar sin las autorizaciones.
“El gran punto es tener cuidado en la nueva normativa que se saque, que este registro no permita operar sin antes contar con todas las autorizaciones, porque eso es lo que ha ocurrido los últimos años en Perú”, afirmó De Vinatea en RPP. Sostuvo que es esencial que cualquier esfuerzo de formalización incluya los “blindajes” adecuados para que el registro no se convierta en una herramienta que favorezca la ilegalidad.
De Vinatea puso en contraste la minería formal con la minería ilegal, señalando que los proyectos de minería formal, debido a las estrictas regulaciones y la necesidad de estudios ambientales y sociales, pueden tardar entre 20 y 30 años en desarrollarse completamente.
El gerente general del IIMP advirtió sobre los peligros que la minería ilegal representa no solo para el sector minero formal, sino también para la seguridad ciudadana y la institucionalidad del país. “Los problemas de seguridad ciudadana tienen que ver con este tipo de organizaciones tan delictivas y con tanto conflicto que empieza a destruir la institucionalidad. Se deben tomar medidas importantes”, expresó.
Además, De Vinatea puso en contraste la minería formal con la minería ilegal, señalando que los proyectos de minería formal, debido a las estrictas regulaciones y la necesidad de estudios ambientales y sociales, pueden tardar entre 20 y 30 años en desarrollarse completamente. Por el contrario, la minería ilegal, operando al margen de la ley, avanza rápidamente y a menudo en los mismos yacimientos que las empresas legales.
“Estamos viendo cómo la minería formal, que se demora 10 o 30 años en sacar adelante un proyecto debido a todas las normativas que debe cumplir, tiene que competir con la minería ilegal que avanza mucho más rápido, sin cumplir con los mismos estándares ambientales y sociales”, explicó.
