Con el objetivo de aumentar la producción minera nacional, los proyectos nuevos o “greenfield” permiten dar un salto exponencial. En cobre, Constancia y Las Bambas lo hicieron en su momento y, recientemente, Quellaveco entró a operar para producir 300,000 toneladas anuales. Sin embargo, no hay más iniciativas de ese tipo en camino, con excepción de Zafranal. En esa situación, las ampliaciones mineras pueden cobrar protagonismo.
Dentro de la Cartera de Proyectos de Inversión Minera, del Ministerio de Energía y Minas (Minem), brillan 15 proyectos de ampliación de producción, zonas de minado y vida de mina por US$ 12,110 millones, en diferentes fases de avance. De ellos, dos acaban de culminarse (Ampliación Santa María y Ampliación Shouxin).
Víctor Gobitz, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (Snmpe) señaló que la ejecución de las expansiones más tangibles y la operación a plena capacidad de las actuales minas aportarían alrededor de 300,000 toneladas de cobre al año.
“Eso es casi un Quellaveco más. Podríamos estar en torno a las 2.8 millones de toneladas de cobre por año como país”, comentó a Gestión, tras mencionar que la paz social es clave para incorporar ese volumen.
Si bien las extensiones de vida de mina no implican necesariamente un aumento de producción, destacó que mantener operaciones en actividad por más tiempo también tienen un impacto positivo. Y es que, solo para su sostenimiento, estimó que las minas actuales demandan un capital anual de hasta US$ 4,000 millones.
No obstante, la aprobación de las ampliaciones por el Estado no avanza al ritmo esperado. A mediados de abril, Antamina cambió su expectativa de recibir el permiso para la iniciativa Reposición Antamina para fines del 2023, cuando esperaba la luz verde en ese mes. Por su parte, Hochschild hizo lo propio con el proyecto Reposición Inmaculada.
En su momento, esta minera confiaba en tener la aprobación en el primer trimestre del 2023 y la proyección luego apuntó al segundo trimestre. Si bien Hochschild no se pronunció sobre el estado del trámite, Gestión supo que no habría mayor progreso.
Por su parte, Marcelo Santillana, gerente general de Poderosa, reconoció que los trámites para ejecutar la Ampliación Santa María tomaron más tiempo de lo proyectado. En ese caso, cuestionó los criterios de evaluación de los funcionarios de las entidades involucradas.
Hasta cinco años: causas y normas
Consultado por el tiempo que demora el desarrollo y aprobación de una Modificación de Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) que suele requerirse para las ampliaciones mineras, Gobitz refirió que todo el proceso puede tomar entre cuatro y cinco años. Así, aun cuando las empresas ya tienen información y experiencia en la zona, no es un camino corto.
“Las ampliaciones están tomando tanto tiempo como un ‘greenfield’, ese es el drama del país”, lamentó, tras afirmar que el propio Estado incumple los plazos establecidos para la etapa de observaciones (un año, pero finalmente puede llegar a dos).
Para el representante gremial, el origen del problema está en la duplicidad y superposición de opiniones en la evaluación. Y es que, si bien los expedientes son presentados al Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), entidades adscritas al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) también participan con revisiones vinculantes.
“Terminamos respondiendo 500 o 600 preguntas, en dos, tres o cuatro rondas. Ahí corren los plazos”, remarcó.
Por su parte, Fabiola Juscamaita, socia de EY, consideró que la demora en la aprobación de ampliaciones mineras además responde a un marco normativo cambiante, exigencias medioambientales y la inestabilidad política.
“Esta situación podría generar que el volumen de nuestra producción minera se vea impactada, y así quedar desplazados del segundo lugar que tenemos como productores de cobre”, declaró, en referencia a la noticia de que el Congo podría tomar esa posición desde el 2026.
Sobre el marco normativo, el MEIA de Antamina toma 19 leyes, reglamentos y otras normas en tres ámbitos; y el de Chinalco, 30 dispositivos legales en 11 diferentes rubros, evidenciando así la complejidad de la elaboración de estos proyectos.
Hacia una “gran autoridad ambiental”
Si bien el Minem anunció a inicios de abril que reduciría de dos años a seis meses el tiempo de aprobación de algunos permisos, la situación no habría cambiado notablemente, afirmó Gobitz.
“Lo hemos dicho, hay mesas ejecutivas, nos sentamos y podemos destrabar cosas menores, pero la licencia ambiental no depende del Minem. Una parte la ve el Senace, adscrito al Ministerio del Ambiente y otras las ven entidades que dependen del Midagri. Esa dispersión hace daño. Las buenas intenciones no bastan”, expresó.
En esa situación, consideró que la duplicidad de opiniones y la rotación de funcionarios en entidades vinculadas a la evaluación ambiental de proyectos de inversión privada podrían superarse con la creación de una “gran autoridad ambiental”, dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
“Tendría una mirada más holística de los proyectos y podría priorizar los recursos que hay que asignarle a la evaluación ambiental de los MEIAs. Hoy no existe esa priorización o simplificación”, manifestó.
Añadió que la creación de una entidad de esa envergadura no significaría reducir los estándares ambientales, sino simplificar su evaluación.
