El Perú se ubica entre los principales países productores de metales en el mundo, y aunque su gran potencial para la producción minera debería ser equivalente a una mejor la calidad de vida de las personas, durante el 2022 se observa que -en promedio- la ejecución de los recursos del canon de los gobiernos regionales llegó a solo el 70%. Es decir, casi 1 de cada 3 soles que se les asignó, no se ejecutaron.
Luis Miguel Castilla, director ejecutivo de Videnza Instituto, explica que el problema principal estaría ligado a la mala gestión de los recursos del canon minero. “Muchas veces el gobernante local de turno utiliza los recursos con un criterio erróneo y en temas que no son prioritarios, sin garantizar un mínimo de impacto social”, sostiene.
El Observatorio del Bicentenario indica que en algunas de las regiones con mayor actividad minera la situación es particularmente grave: el gobierno regional de Cajamarca, por ejemplo, ejecutó 45.6% de los recursos que le asignaron (583 millones de soles); mientras que Áncash, la región que recibió mayor presupuesto de canon y regalías (836 millones de soles), solo utilizó 51.8%. Resalta también por su bajísima ejecución el gobierno regional de Huánuco (32.2%) y Tumbes (41.9%).
La baja ejecución de estas regiones es alarmante ya que tiene retos latentes que afrontar en aspectos clave para el desarrollo humano de los ciudadanos. Por un lado, Cajamarca es la tercera región con mayor desnutrición crónica infantil, mientras que el 72 % de los hogares con niños que estudian no cuentan con todos los servicios básicos (agua, saneamiento, luz, teléfono e internet). En Áncash, el 41 % de los niños entre 6 y 36 meses de edad tienen anemia, mientras el 17 % de los niños menores a 5 años sufren de desnutrición crónica. Por otro lado, cerca del 60 % de los hogares con niños que asisten a la escuela no cuentan con todos los servicios básicos.
La corrupción también un factor determinante de este panorama negativo -añade Castilla- debido a una serie carencias y problemas de gestión como la falta del control interno oportuno, falta de capacidades técnicas, la elevada rotación de autoridades y/o la falta de planificación real que cierre brechas.
