Luis Rivera: “Una situación de inestabilidad es poco propicia para las inversiones de alto riesgo y largo plazo, como las mineras”

Para Luis Rivera, expresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), la inacción de las autoridades ante conflictos sociales, las complejas condiciones regulatorias y la escasez de políticas públicas para fomentar la exploración minera, han socavado la competitividad de la industria minera del Perú, ubicándose por debajo de países como Chile, México y Colombia. 

“Una situación de inestabilidad es poco propicia para las inversiones de alto riesgo y largo plazo, como las mineras”, enfatizó en un artículo para el diario Gestión; por ello, mencionó que “es necesario visibilizar y compartir con las nuevas autoridades locales y regionales una agenda de desarrollo”, que ya la industria impulsa durante los últimos años a través de sus gremios.

En opinión del ejecutivo, la conflictividad social requiere de un franco acercamiento entre las comunidades, sus líderes y las autoridades competentes y responsables de la ejecución de la inversión pública, mientras que el resguardo de las necesidades ciudadanas debe darse dentro del marco irrestricto de la ley, con el respeto al orden público y la propiedad privada.

Mencionó que un ejemplo de simbiosis colaborativa entre minería y comunidad es la existencia de empresas comunales, las cuales ofrecen equipos y servicios a empresas mineras, donde se hace realidad el famoso concepto instalado en la industria de “ganar-ganar”.

“El fomento del empleo, de la creación de empresas comunales y de ciclos económicos en los entornos mineros debe partir de políticas nacionales, que no solo atiendan las necesidades de la población con una mirada asistencialista, sino que deban tener una mirada amplia del desarrollo”, reflexionó. 

Además, destacó que la minería es altamente eficiente en el manejo del recurso hídrico y apenas toma el 1% del agua disponible a nivel nacional, por lo que esta buena práctica debe ser compartida y socializada para que el Estado pueda desarrollar proyectos conjuntos que mejoren la conservación y administración de este recurso vital.