El presupuesto para la formalización minera en el país debería triplicarse porque el actual es insuficiente, afirmó Aarón Quiñón, investigador del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad (CEMS) de la Universidad del Pacífico. Quiñón indicó que el monto comprometido para este año, ascendente en promedio a unos S/25 millones, podría incrementarse mediante una negociación entre los ministerios de Energía y Minas y de Economía.
“Para acelerar el proceso de formalización, como el propio ministro [Jorge Montero] ha manifestado debe ser dentro de sus primeros 6 meses [en el cargo], tengo entendido que tienen el mismo presupuesto que el año pasado, más o menos S/25 millones comprometidos”, apuntó en conversación con el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).
Tras su designación, el titular del Minem anunció que en seis meses su cartera presentará un nuevo proyecto de la Ley de la Pequeña Minería y de la Minería Artesanal (MAPE), fecha del término de la prórroga del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).
Indicó que la Dirección General de Formalización Minera debe sincerar cuánto personal, equipo y presupuesto van a necesitar, “porque están con el mismo presupuesto y va a ser insuficiente”.
“El monto debería ser al menos el triple, pero vemos ahora que la prioridad es el proceso de transferir competencias. Recordemos que a fines del año pasado el Minem emitió un decreto supremo donde ellos asumen ahora la ejecución del proceso de formalización, es decir, se van a encargar y ya no tienen esa competencia los gobiernos regionales”, comentó al IIMP.
El politólogo cuestionó que los recursos destinados a la formalización minera no se incrementan desde el 2020, pese a que la minería ilegal y la criminalidad sigue avanzando en el país como la principal economía ilícita, que incluso desplaza a la corrupción y el narcotráfico.
“El presupuesto de formalización se ha mantenido, en 2024 fue de S/25 millones, en 2023 fue de S/24 millones, en 2022 fue de S/21 millones, en 2021 de S/23 millones y en 2020 fue de S/26 millones”, detalló.
Quiñón señaló que deben existir tres políticas de Estado integradas entre sí: Una política de minería ilegal, centrada en la erradicación estratégica basada en inteligencia y en la cadena de valor; otra política de formalización minera y la tercera política de competitividad de la Minería Artesanal y pequeña minería (MAPE) que brinde incentivos a los mineros que buscan formalizarse.
El investigador dijo que las interdicciones contra la minería ilegal deben dejar de ser performativas y ser más estratégicas de inteligencia.
“El trabajo de interdicción tiene que concentrarse en labores de inteligencia para identificar a los actores claves en la cadena de valor. A veces realizan interdicciones a mineros ilegales que no tienen ningún tipo de relevancia, y no van detrás de los financistas, los proveedores. Esa actividad integral de la cadena de valor es donde se debe prestar más atención”, manifestó.
Quiñón añadió que en el combate contra la minería ilegal se deben realizar acciones de inteligencia para desarticular rutas, proveedores, cadenas de valor ilegales que deben sostenerse con una gran labor comunitaria, “el presupuesto debe ser usado de manera estratégica”.
Comentó que el presupuesto público para la lucha contra la minería ilegal el año pasado fue de S/90.8 millones mientras que el presupuesto inicial para este año asciende a S/70.6 millones.
