La expansión de la minería ilegal en el Perú estaría generando un fuerte costo económico para el país, al punto de recortar hasta en 12% el crecimiento potencial del producto interno bruto (PBI), según estimaciones presentadas por el Instituto Peruano de Economía (IPE) durante proEXPLO 2026.
Carlos Gallardo, gerente general del IPE, explicó que este impacto se vincula principalmente al retraso de proyectos mineros, muchos de los cuales enfrentan obstáculos asociados no solo a la tramitología y la conflictividad social, sino también al avance de la minería ilegal en zonas de influencia.
“El problema no es que no tengamos proyectos. Sí los hay, pero no se ejecutan al ritmo necesario. Y aun si resolviéramos los temas regulatorios y sociales, la minería ilegal sigue siendo una amenaza que pone en riesgo su viabilidad”, advirtió.
Gallardo señaló que entre 1,5 y 1,7 millones de personas no habrían logrado salir de la pobreza en los últimos 15 años debido al menor dinamismo de la inversión minera formal.
El IPE estimó previamente que las demoras en la ejecución de iniciativas extractivas implican que la economía peruana podría haber crecido hasta 12% más en un periodo de análisis, reflejando el costo de oportunidad de inversiones que no se concretan.
El impacto trasciende el plano macroeconómico. Según el análisis del IPE, la menor ejecución de proyectos también ha tenido efectos directos sobre la reducción de la pobreza.
“Si no hay proyectos, no hay inversión, no hay empleo ni recaudación. Y sin eso, no hay reducción de la pobreza”, remarcó.
Otro de los costos identificados es la caída en la competitividad del Perú como destino de inversión minera. De acuerdo con indicadores internacionales, el país ha pasado de ubicarse entre las jurisdicciones más atractivas a posiciones intermedias en los últimos años.
Uno de los factores más críticos es el deterioro en materia de seguridad, asociado al avance de economías ilegales. Este elemento influye directamente en las decisiones de inversión de las compañías mineras globales.
El IPE también advirtió sobre distorsiones crecientes en el mercado, como el aumento acelerado de exportadores de oro, cambios en los destinos de exportación —con mayor peso de mercados como India y Emiratos Árabes Unidos— y el incremento de operaciones sospechosas vinculadas al sector.
A ello se suma la expansión territorial de la minería ilegal, que ya no solo se concentra en zonas remotas, sino que también invade áreas protegidas, operaciones formales en curso y proyectos en etapa de desarrollo.
