El director de Videnza Instituto y exministro de Economía, Luis Miguel Castilla, advirtió que la minería ilegal podría dejar el oro, para luego migrar al cobre. Así lo indicó en una entrevista con el programa Diálogos Mineros, del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).
“Lo que pasa es que el oro, uno ya no lo saca de los ríos, sino que ahora se puede sacar de los socavones y la tecnología no es muy distinta. Involucra insumos químicos similares, explosivos y lo que se está viendo es que en la minería cuprífera pueda haber casos en donde esta actividad ilegal se amplíe”, comentó.
Indicó que hoy esta actividad ilícita está concentrada en el oro por los altos precios que hay en el mercado, pero subrayó que el valor del cobre en los mercados internacionales volátil, y en el futuro, el precio subirá debido a la transición energética.
“Entonces al haber actividades rentables y ausencia efectiva del Estado, que se siga proliferando esta actividad ilícita y que se siga vulnerando el Estado de derecho, hace muy factible y fértil el terreno para que se contagie a la minería aurífera a la cuprífera. Eso sí sería un problema muy serio, mucho más serio de lo que hoy en día estamos enfrentando”, consideró.
Castilla señaló que la falta de seguridad jurídica y ciudadana es un problema que viene afectado la economía de nuestro país. Por ejemplo, refirió que la falta de abordaje efectivo a la minería ilegal, que va de mano con el crimen transnacional, perjudica la imagen de país y la integridad del territorio.
“Vemos que cada vez las bandas criminales controlan territorios y ejercen mucha violencia, y tenemos esto en Piura, La Libertad, en Puno, en Madre de Dios, en Arequipa y esto va ir avanzando. Hay un riesgo que esto se pueda contagiar en regiones colindantes. Ese es un problema porque no hay Estado de derecho y es un problema serio”, advirtió.
Para el exministro también la inseguridad ciudadana afecta la posibilidad de que el Perú tenga un mejor crecimiento. “Ahora se deben invertir cuantiosos recursos en seguridad privada. De hecho, hoy lo que gasta el Estado en seguridad pública es más o menos S/ 15 mil millones y hemos calculado que la seguridad privada que contratan las empresas puede costar otro monto similar de S/ 15 mil millones que se pierden y que, en vez de destinarse a otros usos más productivos, se destinan a resguardar la integridad de los trabajadores, y de las plantas, las empresas y los yacimientos en este caso”, finalizó.
