Las economías criminales, que hoy se están internacionalizando, llegando de otros países, tienen un impacto en todo, también en el sector minero y energético del país. La minera Poderosa, asentada en la región La Libertad, ha sido una de las más perjudicadas: más de 15 torres eléctricas que alimentan sus operaciones han sido derribadas a la fecha, y la situación no parece haber mejorado de un tiempo a esta parte. Carlos Basombrío, exministro del Interior, sostiene que la cercanía de estas peligrosas economías criminales a los poderes políticos las ha reforzado.
El índice de criminalidad global aumenta y en el Perú, refirió Basombrío en el Perú Energía 2024, la minería ilegal ha crecido a un ritmo preocupante y hoy es un mercado criminal que ronda los US$10,000 millones. “Y puede que nos estemos quedando cortos”, dijo.
Se han inscrito alrededor de 100,000 en el Reinfo y solo se formalizaron alrededor de 12,000. Los que no se han logrado formalizar, dijo Basombrío, ocupan concesiones de terceros en su mayoría y “son muy poderosos”. Las actividades ilegales no solo se consolidan sino que, al hacerlo, espantan a la formal, a la adecuada. Mientras más crece la ilegal, menos lo hace la formal.
Los mineros informales y muchos de ellos ligados a la ilegalidad, añadió el exministro del Interior, han logrado que diversos congresos y gobiernos les amplíen el plazo para formalización y “aún así lo amplíen, no lo pueden cumplir”. Además se ha ampliado, recordó, la norma que permite el uso de explosivos sin restricciones. “Hoy no se puede hacer nada contra ellos, ni siquiera decomisarles explosivos”, resaltó Basombrio.
Para Basombrío, la formalización minera debe ser dirigida por el Gobierno nacional y no por los gobiernos regionales. “No solo es un problema de capacidad técnica y de personal, también cosas mucho más feas que están a la sombra”, manifestó. Otro paso que debe darse es la creación de incentivos para que la formalización sea realmente vista como una ventaja. Una tercera medida es establecer un “sistema estricto de la trazabilidad del oro que se exporta” y garantizar que se ha producido respetando toda la legislación peruana. “Y por último, se debe aplicar con firmeza la ley para los mineros que son ilegales”, dijo.
