El Grupo de Justicia Fiscal Perú (GJF Perú) presentó el informe “Democracia y Tributación Justa: La Agenda Pendiente hacia la Adhesión de Perú a la OCDE”, un documento que analiza la evolución reciente de la política tributaria en el país y su relación con el estado de la democracia, en un contexto clave marcado por el proceso de evaluación para el ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Durante la exposición, la economista responsable del estudio explicó que uno de los hallazgos centrales es la persistencia —y profundización— de la regresividad del sistema tributario peruano. Esto implica que los sectores con menores ingresos terminan aportando proporcionalmente más que aquellos con mayor capacidad económica, en gran medida debido al peso del Impuesto General a las Ventas (IGV), que representa más del 60% de la recaudación.
El informe sostiene que esta situación se ha agravado en los últimos años por el incremento de beneficios tributarios otorgados a sectores específicos. Según el análisis, el gasto tributario —es decir, los ingresos que el Estado deja de percibir por exoneraciones e incentivos— ha pasado de aproximadamente 2 mil millones de soles en 2011 a cerca de 25 mil millones en 2025, equivalentes a alrededor del 2% del PBI. Estas cifras reflejan una expansión significativa de políticas que reducen la base fiscal sin una evaluación técnica consistente.
Uno de los aspectos más críticos identificados es el cambio en el rol del Congreso. Mientras que antes se limitaba a extender beneficios existentes, desde 2020 ha asumido una función más activa, aprobando nuevas exoneraciones tributarias para diversos sectores, como construcción, turismo, agroexportación y otros. En el periodo reciente, el Parlamento ha llegado a aprobar hasta diez normas tributarias por año, muchas de ellas sin opinión técnica del Ministerio de Economía y Finanzas.
El estudio también advierte sobre un debilitamiento del equilibrio de poderes. Más de 30 normas tributarias fueron aprobadas sin sustento técnico, y varias leyes observadas por el Ejecutivo fueron finalmente promulgadas por insistencia. Este patrón, según el GJF, evidencia una menor capacidad de control institucional.
A través de un análisis cuantitativo, el informe encuentra una correlación entre el deterioro de la vitalidad democrática —marcado por crisis políticas, conflictos entre poderes del Estado y protestas sociales— y el aumento de medidas tributarias regresivas. En ese sentido, plantea que una democracia debilitada facilita la adopción de políticas que benefician a intereses particulares en detrimento del interés general.
El documento concluye que, de cara a la adhesión a la OCDE, Perú enfrenta el reto de revisar integralmente su sistema tributario, reducir los beneficios ineficientes y fortalecer tanto la recaudación como la institucionalidad democrática.
