Es necesario fortalecer tres pilares fundamentales para el futuro de la minería nacional: la trazabilidad, la inversión y la seguridad, a fin de consolidar un desarrollo sostenible y competitivo en el sector, sostuvo Juan Carlos Ortiz, vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).
De acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas, la inversión minera alcanzó los US$ 3,343 millones a agosto de este año, lo que representa un crecimiento de 12.8% respecto al 2024. Este dinamismo liderado por empresas como Southern Perú, Las Bambas y Antamina, confirma la confianza de los inversionistas en el potencial geológico del país y en la capacidad de la minería formal para sostener el desarrollo económico, incluso en contextos internacionales desafiantes.
“El desafío ahora es mantener este impulso mediante reglas claras, estabilidad política y un marco regulatorio predecible que fomente la exploración y el desarrollo sostenible. Cada dólar invertido en proyectos formales fortalece la competitividad del Perú y genera bienestar en las regiones“, señaló Ortiz en su última columna del Semáforo Minero.
El representante del IIMP saludó la propuesta del empresario minero Roque Benavides de implementar un sistema nacional de trazabilidad del oro, que permita certificar el origen del mineral desde su extracción hasta su comercialización.
“Este mecanismo contribuiría a cerrar los espacios al oro de procedencia ilícita y fortalecer la transparencia en la cadena de valor minera”, agregó al recordar que según el Instituto Peruano de Economía (IPE), el Perú concentra más del 40% del oro ilegal exportado por Sudamérica, lo que evidencia la magnitud del problema.
El ingeniero de minas indicó que la creación de un sistema de trazabilidad moderno, sustentado en tecnología, interoperabilidad y colaboración entre el Estado, las empresas y la sociedad civil, permitiría al país ofrecer minerales con valor ético y sostenible, un atributo cada vez más valorado por los mercados internacionales.
Ortiz advirtió que los recientes hechos ocurridos en Pataz, La Libertad, donde se rescataron 15 personas secuestradas tras un enfrentamiento entre mineros ilegales, evidencian la dimensión criminal que ha adquirido la minería ilegal.
Consideró urgente que el Estado despliegue una respuesta integral y articulada, que combine formalización, fiscalización, presencia efectiva y desarrollo alternativo en las zonas afectadas.
“Los operativos policiales son necesarios, pero deben complementarse con políticas sostenidas y coordinación entre los sectores Interior, Defensa, Energía y Minas, y los gobiernos regionales”, culminó.
