La presidente de PERUMIN 37, Jimena Sologuren, advirtió que el Perú enfrenta un doble reto: por un lado, una minería formal excesivamente regulada que demora décadas en concretar proyectos, y por otro, un avance acelerado de la minería ilegal que impacta en el tejido social y económico del país.
Durante su intervención en el evento “Road to PERUMIN 37: Desafíos para fortalecer la competitividad minera del Perú”, Sologuren señaló que existen más de 67 proyectos mineros listos para ejecutarse, pero que siguen entrampados por la sobrecarga burocrática y la falta de articulación entre instituciones. “Necesitamos ser un país atractivo para la inversión y, al mismo tiempo, tener un Estado que sepa cumplir su rol frente a la minería ilegal”, enfatizó.
Según explicó, mientras los trámites y permisos mantienen a la minería formal en espera, el sector ilegal gana terreno sin control, generando graves consecuencias sociales y ambientales. “Esto nos juega en contra como país porque empieza a afectar el tejido social de una manera que será difícil revertir”, alertó.
La ejecutiva también remarcó la urgencia de culminar el proceso de más de 31 mil mineros que siguen en vías de formalización. A su juicio, la minería artesanal y de pequeña escala debe convertirse en un negocio rentable, siempre que cumpla con normas ambientales, sociales y de seguridad.
Asimismo, Sologuren subrayó la necesidad de un mayor compromiso de los gobiernos regionales y locales en el uso eficiente de los recursos generados por la actividad minera. “Solo así las comunidades sentirán de primera mano cómo la minería formal sí puede aportar al desarrollo y mejorar la vida de más peruanos”, puntualizó.
