Felipe Cantuarias, presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH), expuso que La primera etapa de masificación del gas natural —centrada principalmente en Lima y Callao— logró reducir en 21% las emisiones de CO2 y dotó al país de una matriz eléctrica saludable, donde el gas natural representa el 39% y las energías renovables no convencionales alcanzan un 7%. Sin embargo, el sistema sigue dependiendo de fuentes climáticamente vulnerables como la hidroenergía (52%) y de una reserva fría basada en diésel, un combustible contaminante e importado en un 75%.
“La transición energética solo será justa si llega a todas las regiones. No podemos hablar de desarrollo sin acceso equitativo a energía limpia, económica y segura”, dijo en el Perú Energía 2025.
Reseñó que la transición energética en el Perú no debe limitarse a reducir emisiones, sino que debe garantizar simultáneamente competitividad económica, seguridad energética y descentralización del desarrollo. “Hemos avanzado poco desde el inicio de Camisea hace más de 20 años. Seguimos hablando de petroquímica, GNV y generación térmica, pero sin avances reales en infraestructura y acceso en las regiones”, cuestionó.
“La masificación del gas natural ha sido exitosa en Lima y Callao, pero no ha llegado al resto del país. La disparidad de tarifas es alarmante: en las regiones, los costos pueden ser hasta 150% más altos en el sector residencial y 186% más en el sector comercial”, señaló. Esta diferencia se explica, en gran parte, por la falta de infraestructura de transporte y una demanda insuficiente para justificar nuevas inversiones.
Frente a este escenario, Cantuarias planteó cinco medidas clave para impulsar la masificación regional del gas natural: ampliación de infraestructura de transporte de gas; desarrollo de concesiones regionales de distribución; tarifa nivelada para todas las regiones, que permita igualdad de condiciones frente a Lima y Callao; impulso a la petroquímica, para dinamizar la demanda industrial; y reactivación de la inversión en exploración y explotación de gas.
Una de las medidas más urgentes, explicó, es la tarifa nivelada, un mecanismo para igualar el precio del gas natural en todo el país. Esta propuesta, promovida por el Poder Ejecutivo, buscaba incluir a todos los clientes regulados (hasta 900 mil m3), permitiendo beneficiar a hogares, comercios e industrias. Sin embargo, el Congreso aprobó una versión limitada, sin efectos reales para la expansión regional. “Con esa decisión, el país podría tener que esperar otros 25 años para llevar gas natural a las regiones. Es un contrasentido”, advirtió.
