PERÚ ENERGÍA 2025 reunió a destacadas voces del sector energético nacional, quienes coincidieron en la urgente necesidad de revisar los actuales esquemas de inversión, planificación e institucionalidad para garantizar una transición energética sostenible.
Iris Cárdenas, viceministra de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (Minem), enfatizó que el desarrollo de los hidrocarburos en Perú debe seguir un enfoque sostenible pero pujante. Cárdenas recordó que los hidrocarburos representan el 75% de la matriz energética del país, siendo el gas natural el componente principal (68%) y el petróleo el restante 7%. En ese sentido, subrayó que estos recursos seguirán siendo fundamentales durante la transición energética.
“El país no puede darse el lujo de dejar de explorar. Si no lo hacemos, dependeremos del mercado internacional y su volatilidad de precios. Por eso, debemos trabajar con los recursos que ya tenemos, como el gas y el petróleo”, señaló Iris Cárdenas.
Carlos Gonzales, gerente general de Enerconsult, cuestionó que el segmento de exploración y producción (upstream) no sea considerado como parte de los activos críticos nacionales, a diferencia del transporte y refinación. “El upstream es lo que le da vida a toda la cadena energética. Perupetro debería liderar la cruzada para que se reconozcan estas instalaciones como activos críticos”, indicó.
El especialista indicó que existen deficiencias en el modelo contractual vigente que afectan la competitividad del sector, como el uso de marcadores internacionales inadecuados para calcular regalías y la inequidad en los plazos de pago entre contratos de licencia y de servicios.
Erick García, exdirector general de Hidrocarburos, puso énfasis en las falencias del país en materia de almacenamiento energético. “Tenemos un desfase que limita nuestra capacidad de respuesta ante contingencias. La seguridad energética es una responsabilidad del Estado y no del sector privado”, afirmó.
También propuso replicar el modelo del sistema eléctrico en el sector gasífero, con planificación estatal y un sistema de transporte de gas que sea asumido por todos los peruanos, como ocurre con la transmisión eléctrica.
La directora de la Sociedad Peruana de Gas Licuado, Janinne Delgado, advirtió sobre los crecientes riesgos que representa la informalidad en el sector GLP, especialmente en el downstream. “Más del 40% de las actividades en el sector eran informales incluso antes de la pandemia. Hoy esa cifra ha crecido y no hay una entidad que lidere de forma clara la lucha contra estas prácticas”, lamentó. Además, recordó el trágico incidente de Villa El Salvador como una muestra de las consecuencias de no aplicar cambios estructurales en la fiscalización y regulación del sector.
