El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, destacó que el combate contra la minería ilegal, liderado por el Ejecutivo, se concentra en la cadena de valor de esta actividad ilícita, lo que permitió infringir, en el 2024 y el primer trimestre del 2025, pérdidas por más de S/2,700 millones a los delincuentes que se dedican a esta actividad ilícita.
“Solo en el 2024 se llevaron a cabo 745 operativos que lograron destruir materiales valorizados en más S/ 2,200 millones”, subrayó el jefe del Gabinete Ministerial en el marco de las respuestas al pliego interpelatorio que brinda al pleno del Congreso de la República.
El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) explicó que las intervenciones desplegadas buscan reducir el ámbito de acción de los mineros ilegales y erradicar los delitos conexos, como la trata de personas, la evasión tributaria, el daño ecológico y otros, en diferentes regiones del país.
Indicó que entre enero y marzo del 2025 se realizaron 238 intervenciones de interdicción que permitieron la destrucción de bienes valorizados en total en más de S/ 546 millones. Cabe destacar que estas acciones contaron con la participación de la Policía Nacional del Perú (PNP), la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, el Ejército del Perú y las fiscalías especializadas en materia ambiental.
Con relación a los avances en la lucha contra la minería ilegal en la provincia de Pataz, en la región La Libertad, el premier Adrianzén manifestó que está en proceso la instalación de una división policial, mientras que con el apoyo de la empresa privada se construyen tres puestos de vigilancia que contarán con presencia de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), la PNP, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio Público.
El titular de la PCM también anunció que el Ejecutivo ha decidido depurar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), con el objetivo de excluir a las personas que no desarrollan estas actividades mineras o que se encuentren suspendidos. “Excluiremos a los mineros que no tengan autorización para la utilización de explosivos y a todos aquellos que hagan mal uso de su inscripción en dicho registro”, puntualizó.
