La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) formuló un llamado urgente para que el Gobierno haga primar el Estado de derecho frente la ola de violencia que se viene registrando contra unidades productivas del sector minero energético en diversas regiones del país que afecta la seguridad de los trabajadores y de la población.
La SNMPE denunció que Compañía Minera Poderosa, que opera en la provincia Pataz, La Libertad, ha sido víctima de un nuevo ataque por parte de mineros ilegales que, en alianza con organizaciones criminales, han destruido otra torre de alta tensión y saboteado la red eléctrica que abastece de energía a la mina aurífera.
“Este es el segundo ataque en el lapso de 72 horas, pues el último domingo también dinamitaron otra torre de alta tensión que alimenta de energía a la planta Santa María. A la fecha, ya suman 16 torres de alta tensión destruidas”, citó el gremio empresarial al alertar que estos ataques buscan paralizar la producción de la mina y ahuyentar a la compañía minera formal.
La SNMPE manifestó que es evidente que la declaratoria de Estado de Emergencia en Pataz, por parte del Gobierno ante el crecimiento de la minería ilegal en esta provincia, está fracasando porque los mineros ilegales y sus socios, las organizaciones criminales, siguen actuando con total impunidad, con el propósito de convertirla en una “zona liberada”.
Al respecto, expresó que la situación actual en la provincia Pataz está totalmente desbordada por la asonada criminal de los mineros ilegales, que incluso por disputarse la invasión de concesiones protagonizan violentos enfrentamientos, como el reportado el último fin de semana.
“Invocamos al Gobierno para que ejecute a la brevedad posible medidas y acciones concretas que garanticen la seguridad de los peruanos y de las empresas formales que día a día son extorsionadas y atacadas”, señaló al considerar que se requiere de una intervención del Estado mucho más efectiva que sea fortalecida con un trabajo de inteligencia que permita identificar y capturar a los cabecillas de estas organizaciones criminales.
Asimismo, se necesita que en el combate contra la minería ilegal se despliegue acciones de fiscalización financiera y tributaria, que permita detectar a los mineros ilegales que, al amparo de la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), continúan con sus ilícitas actividades y accediendo a explosivos que son utilizados para derribar las torres de alta tensión. Igualmente, debería someterse a inspecciones permanentes a las plantas de procesamiento de mineral, a fin de verificar que el oro provenga de empresas formales.
En ese contexto, también mostró su preocupación por que desde la Comisión de Energía y Minas del Congreso -a través de un grupo de trabajo- se viene elaborando la Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal (Ley MAPE) de manera sesgada, lo que no contribuirá a una verdadera formalización minera; y, muy por el contrario, favorecería los intereses de la ilegalidad.
Finalmente, la SNMPE expresó que los peruanos debemos cerrar filas contra la escalada violentista y no debemos permitir que el crimen organizado nos arrebate la paz, el derecho al trabajo y el bienestar.
