La piratería y la informalidad de productos eléctricos tienen graves repercusiones económicas para el Perú. De acuerdo con un estudio llevado a cabo por DEE Consultores por encargo de Indeco by Nexans, la comercialización de productos eléctricos falsificados genera al país pérdidas anuales de hasta S/ 9,709 millones, cifra que equivale al 0.97% del PIB.
“Las cifras que arroja el estudio son alarmantes. Es cierto que las empresas y el Estado pierden en términos económicos, pero también hay vidas en juego. Es por eso que nos complace sumarnos a la iniciativa de EPEI de lanzar el Observatorio de Lucha contra la Piratería, junto con las otras empresas parte de esta organización, a fin de luchar contra este mercado”, sostuvo Alex García, gerente general de Indeco by Nexans.
Basándose en la estimación de que el 30% de los dispositivos eléctricos (tales como cables, alambres de cobre y aluminio, interruptores, conmutadores, entre otros) que ingresan al país son falsificados, y considerando el vínculo del sector con diversas actividades económicas, el estudio calcula que la comercialización de productos piratas provoca la destrucción anual de 194,939 empleos formales. Además, el Estado deja de percibir S/ 70.4 millones en recaudación fiscal.
Además de tener impactos en el plano económico, el uso de productos eléctricos falsificados también acarrea serios problemas a nivel social: en Perú se registra un promedio de 31 incendios cada día, y de acuerdo con el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, el 70% de estos incidentes se debe a instalaciones eléctricas deficientes, entre las cuales principales causas está la antigüedad y falta de mantenimiento de las instalaciones, malas prácticas de mano de obra, así como los productos subestándares potencialmente falsificados, entre otros.
La presentación del estudio se realizó con motivo del Día Mundial Contra la Falsificación y la Piratería -que se celebra cada 8 de junio- en un evento que reunió a representantes del sector público y privado para compartir reflexiones acerca de las estrategias necesarias para mitigar este problema.
Por su parte, Crisólogo Cáceres, presidente de ASPEC, destacó la importancia de educar a los ciudadanos para enfrentar este problema. “Los hallazgos del estudio son aterradores. Los consumidores necesitan estar informados para comprender la magnitud real de esta situación. La Quinta Política de Estado del Código del Consumidor, establecida hace 14 años, exige la educación desde la etapa escolar, pero hasta la fecha no se ha implementado ninguna medida al respecto”, señaló.
Sergio Chuez, director de Signos Distintivos del Indecopi, indicó que el combate a la piratería involucra a todos los actores sociales: “Es importante que el sector público y privado interactúen, pero también es importante formar al consumidor. Para eso se requiere un enfoque persuasivo que motive a los emprendedores a que se adueñen y potencien sus propias marcas, en lugar de falsificar otras”.
