El contrato de concesión de cobre a la empresa canadiense First Quantum Minerals aprobado en el Congreso hace un mes había desatado fuertes protestas en el país.
La Corte Suprema de Panamá declaró “inconstitucional” este martes el contrato de concesión de la mina de cobre más grande de Centroamérica, cuya aprobación en el Congreso desató protestas que han tenido semiparalizado al país desde hace más de un mes. Por “unanimidad”, el pleno de nueve magistrados declaró la inconstitucionalidad en respuesta a dos recursos presentados contra la ley que contiene el contrato, aprobada el pasado 20 de octubre por el Parlamento unicameral y el Ejecutivo del presidente Laurentino Cortizo.
El contrato entre el Estado panameño y Minera Panamá, subsidiaria de la minera canadiense First Quantum Minerals (FQM), es “inconstitucional”, dispuso el máximo tribunal en su fallo, anunciado por su presidenta, María Eugenia López Arias, en medio de manifestaciones y bloqueos de rutas por parte de activistas que se oponen a la minería.
“Los magistrados y magistradas que integramos el pleno hemos decidido por unanimidad declarar inconstitucional toda la Ley 406 del 20 de octubre de 2023. Lo anterior significa que la referida ley queda expulsada del sistema normativo que rige en el país”, declaró la presidenta acompañada por el resto del pleno en una declaración emitida en directo. López Arias indicó que una vez quede “ejecutoriada la sentencia”, se procederá “a emitirla para su publicación en la Gaceta Oficial”.
“Aprovechamos la oportunidad para enviarle un mensaje de felicitación a los panameños, con ocasión de conmemorarse hoy 200 años de independencia, que Dios bendiga a Panamá”, cerró la magistrada en referencia a la celebración este 28 de noviembre de los 202 años de la declaración de independencia de Panamá de España.
Se espera que esta decisión ponga fin a la crisis desatada por la aprobación exprés del contrato ley por parte del Parlamento y el Gobierno, que ha dejado cuatro muertos, un paro docente que dejó sin clases en el último mes a cerca de 800 000 estudiantes, y un descalabro económico por los bloqueos de vías liderados por grupos indígenas y sindicatos.
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