El expresidente de Perupetro, Aurelio Ochoa Alencastre, en declaraciones a La República, dijo que los lotes VI y Z-69 de Talara son un negocio en marcha con cero riesgo que genera más de US$200 millones de ebitda cada año, aun cuando los actuales operadores se dedicaron “solo a drenar el petróleo antes descubierto” y realizar el mínimo gasto en exploración, al punto que la producción nacional cayó de 125.000 a 40.000 barriles por día (bpd).
Ochoa precisó que a Petroperú sí se le está exigiendo reutilizar los ingresos inmediatos que genera Talara para aumentar la producción, así como realizar actividades de exploración en los próximos años, pero acompañado de un socio, tal cual ocurre en el Lote 192.
Alexei Huerta, catedrático de la UNI, sostuvo que Perupetro sí está facultada por ley a conceder lotes mediante negociación directa, como antes ya se hizo, sin mayor reclamo, a favor de empresas privadas.
El Ministerio de Energía y Minas y Perupetro han manifestado su interés por otorgar directamente los lotes a Petroperú. Fuerza Popular, a través del congresista Jorge Morante, alista una denuncia penal a nivel de Contraloría contra Isabel Tafur, presidenta de Perupetro.
Gremios que agrupan a algunas de las empresas más poderosas del país solicitaron la reprivatización de los lotes VI y Z-69 de Talara, cuyos contratos están próximos a vencer, durante un periodo de al menos tres años, a fin de iniciar un nuevo proceso a cargo de Perupetro que las incluya.
Los titulares de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) y ComexPerú señalaron que la decisión del Gobierno de revertir los lotes a través de Petroperú sería inadecuada.
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