Luego de más de cuatro años de tramitación, el presidente chileno Gabriel Boric promulgó la ley de Royalty Minero, una iniciativa impulsada por su administración que tiene como objetivo utilizar recursos de la gran minería para potenciar el desarrollo de las regiones.
A partir de 2024, dijo Boric, se comenzarán a recaudar recursos provenientes de este nuevo esquema tributario, el cual está enfocado en aumentar la presión tributaria en las mayores empresas del sector minero y que son aquellas compañías mineras cuyas ventas provienen en más de un 50% del cobre, y con una producción mayor a 50.000 toneladas métricas de cobre fino (TMCF) al año. Estas quedarán sujetas a una tasa progresiva de entre 8% y 26% según su margen operacional minero.
El royalty es un cobro a la actividad minera muy común en el mundo, considerando que esta explota recursos naturales escasos y no renovables, dejando una alta ganancia. Boric destacó que Chile necesita avanzar en una descentralización efectiva inyectando más recursos a las regiones.
De acuerdo con cálculos de Deloitte, Chile quedaría con una carga tributaria efectiva superior a competidores directos en esta industria, como lo son Perú, Australia y Canadá. En esas estimaciones, Chile tendría un cobro tributario equivalente en minería por 44,7%. Siguiendo la misma metodología, Deloitte calcula 42,5% para Perú, y 40% para Australia y Canadá.
La carga tributaria efectiva para el Royalty Minero de Chile calculada por Deloitte (44,7%) y publicada por Ex-Ante considera un valor de cotización promedio del cobre de US$ 3,74 por libra.
De esta recaudación, unos US$ 450 millones serán distribuidos para impulsar el desarrollo de las regiones y comunas del país a través de 3 fondos. el Fondo regional para la productividad y el desarrollo (el aporte fiscal para este fondo será de US$225 millones anuales); el Fondo para la equidad territorial, que considera una inversión de US$ 170 millones para apoyar la “equidad territorial” y el Fondo Comunas Mineras, que considera US$ 55 millones para aquellos municipios que mantengan dentro de sus territorios faenas relacionadas directamente con la actividad minera, como yacimientos, fundiciones y refinerías, relaves, puertos, entre otros, lo que fue precisado vía indicación.
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