El abogado constitucionalista Lucas Ghersi, durante su participación en proEXPLO 2026, sostivo que alterar las normas sobre la tenencia de una concesión minera es ir en contra de los derechos de propiedad. “El derecho de propiedad protege derechos reales como la concesión. Si a un empresario lo privan de su concesión, podríamos estar hablando de una condición expropiatoria”, explicó el especialista en alusión al predictamen aprobado por la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República para reducir los períodos de las concesiones mineras.
De similar opinión es el abogado especialista en derecho ambiental, César Ipenza, quien advirtió que “hay un esfuerzo constante de la comisión (de Energía y Minas) para liberar concesiones y sean accedidas por mineros informales”. Ello en alusión a otros de los cambios que pretende hacer el grupo congresal sobre la Ley General de Minería, al omitir la irrevocabilidad y las condiciones para ello en su predictamen aprobado.
Al respecto, Ipenza advierte que no es real que se busque beneficiar a la pequeña minería con estas propuestas, pues recordó que el 70% de las concesiones mineras donde se practica una minería de pequeña escala se encuentran invadidas por terceros.
Ambos juristas han advertido que el Tribunal Constitucional ya ha emitido una sentencia en la que ordena a los poderes del Estado a no promover plataformas o normativas como el Reinfo que fomentan la impunidad, como los delitos por contaminación ambiental. Y pese a ello, el Congreso ha mantenido su ampliación hasta la fecha.
“La sentencia del TC es vinculante en el fallo y en su fundamentación. Esta es muy clara al señalar que el Reinfo ha sido un fracaso y que no ha servido para formalizar la minería. Hoy en día se ha vuelto en un escudo protector para proteger actos indebidos”, señala Ghersi.
Ipenza, por su parte, sostiene que “el proceso de formalización minera actual afecta derechos fundamentales como el de gozar de un entorno saludable”. Sostuvo además que un titular de Reinfo goza actualmente de mayor protección legal que un congresista.
