El avance de la minería ilegal en Perú ha forzado al Estado a duplicar la cantidad de interdicciones mensuales en solo dos años, según datos presentados por el general (r) Rodolfo García, alto comisionado para el combate de la minería ilegal de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), durante el XV Congreso Internacional de Prospectores y Exploradores (proEXPLO 2026). En 2024 el promedio era de 62 operativos al mes, en 2026 la cifra supera las 130 acciones mensuales contra este delito, que afecta de manera directa al ambiente, la economía y la seguridad nacional.
La minería ilegal en Perú mueve más de US$ 12,000 millones, lo que la convierte en una economía ilícita diez veces mayor que el narcotráfico. Sin embargo, el presupuesto estatal para combatirla es solo una décima parte del destinado a la lucha contra las drogas: S/ 70 millones en 2025, frente a S/ 700 millones para el narcotráfico. Para 2026, la asignación creció a S/ 178 millones, aunque la brecha persiste frente al impacto económico y social de la actividad.
En el plano ambiental, la minería ilegal ha dejado más de 140 mil hectáreas de bosques depredados y al menos 225 cuerpos de agua contaminados por mercurio, principalmente en Madre de Dios, Loreto, Amazonas, Ucayali y Huánuco. Esta contaminación afecta la fauna y la salud de comunidades, en especial de pueblos indígenas que dependen de los recursos hídricos de la Amazonía. El alza en el precio internacional del oro, que superó los cinco mil dólares la onza, ha sido un factor que incentiva la expansión de las operaciones ilegales.
El Estado ha respondido con un incremento sostenido en los operativos de interdicción. Entre 2024 y 2025, los promedios mensuales pasaron de 62 a 86, hasta alcanzar más de 130 intervenciones al mes en 2026. En total, se han realizado más de 2,300 operativos en dos años, con decomisos valorados en más de S/ 7,000 millones.
La estrategia nacional aprobada en 2025 involucra a 18 instituciones y propone un enfoque integral. El modelo de intervención, denominado “modelo Pataz”, consiste en la instalación de puestos de control multisectoriales en rutas fiscales clave para garantizar la trazabilidad de minerales, equipos y personas en las zonas mineras. En la provincia de Pataz, región La Libertad, en 2025 se excluyó a más de 1,000 mineros del registro de formalización (REINFO) por incumplimiento de requisitos. A nivel nacional, la exclusión supera los 50,000 registros, lo que busca cerrar vías de legalización para actividades ilícitas.
El reto para los próximos años es reducir de manera drástica la presencia de la minería ilegal hacia 2030. Para ello, la estrategia contempla controles más estrictos, recuperación ambiental y promoción de alternativas económicas en coordinación con gobiernos regionales, sector privado y cooperación internacional. La expansión de las interdicciones refleja un esfuerzo estatal sostenido, aunque la magnitud del problema exige recursos y acciones adicionales.
