La incapacidad de gestión continúa reflejándose en los gobiernos regionales y locales del país. Entre los años 2022 al 2024, las empresas mineras transfirieron S/26,860 millones de soles por concepto de canon, regalías y sobrecanon minero; sin embargo, S/17,460 millones, equivalente al 65%, no fueron ejecutados, privando a la población de obras y servicios básicos, sostuvo Alonso Rey, presidente de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex), durante su participación en el Foro sobre ‘Sociedad Civil’ realizado en el marco de PERUMIN 37.
El especialista advirtió que esta situación priva a la población de servicios esenciales, pese a contar con fondos disponibles. “No hay derecho que las autoridades tengan el dinero y sean capaces de ejecutar obras; mientras la ciudadanía sigue sufriendo carencias”, enfatizó.
En ese sentido, dijo que a través de la entidad que preside se plantea la posibilidad de crear un fideicomiso administrado por las empresas aportantes, de modo que se prioricen proyectos de impacto en las comunidades de influencia.
La paradoja, según narró, se refleja en las regiones como Cajamarca, considerada una de las más pobres del país, que tiene cinco proyectos mineros pendientes de desarrollo, pero que hasta la fecha no se ponen en marcha. Mientras que en Loreto se registran 302 obras paralizadas —296 de municipalidades, 14 del gobierno regional y 2 del gobierno central— sin que se valore el potencial de los fondos provenientes de la actividad minera para generar desarrollo en las comunidades.
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