Para quienes somos parte del sector minero y creemos realmente que es una actividad con gran potencial transformador, la convención anual de la Asociación de Prospectores y Desarrolladores de Canadá (PDAC por sus siglas en inglés) en Toronto es sinónimo de oportunidades, de reencuentros y de camaradería.
En el piso de exhibición se exponen los hallazgos y proyectos de grandes y pequeñas empresas que con mucho esfuerzo esperan convertirse en minas. Una tradición que elimina las diferencias y devuelve la actividad a su esencia exploradora.
Más allá de los motivos personales o profesionales que los llevan a visitar Toronto en su temporada más fría, los asistentes provenientes de países mineros que buscan atraer inversión extranjera se vuelven en orgullosos embajadores y representantes de sus países.
Todas las jurisdicciones mineras en un momento u otro pasan por problemas y circunstancias similares, nacionalizaciones, sobre-regulación, permitting complejo, mano de obra poco calificada, el apetito de los estados anfitriones, inseguridad, disrupción social, entre otras situaciones. Es la función del asistente a PDAC, ya sea parte de la delegación del Estado o como privado, dar tranquilidad al inversionista o potencial inversionista sobre cómo se abordarán estas situaciones y qué tipo de solución permite la regulación de cada jurisdicción y cómo va a responder la política minera de ese país.
Este año resultaba de especial interés, con relación a Perú, las acciones estatales conducentes a ayudar que los proyectos progresen o al menos que no se retrasen, Tales como la simplificación de los procedimientos administrativos aplicables y del permitting. También era una pregunta recurrente el tratamiento legal que se les daba o se les pensaba dar a los minerales críticos para la transición energética, así como el control geopolítico sobre los mismos.
Como vemos, es de interés de los inversionistas y sus asesores el proceder del Estado respecto del trato que dispondrá para sus inversiones. En un escenario de inestabilidad y fragmentación política, la seguridad y predictibilidad jurídicas resultan claves. En un escenario donde se compite por conseguir los fondos que nos permitan sacar los proyectos adelante, la celeridad para el desarrollo de los mismos es un criterio muy importante.
Sin embargo, y sin perjuicio de lo que podamos manifestar los asistentes a PDAC, lo realmente importante es el actuar de nuestras autoridades en el Perú. No se trata de tomar inversiones rehenes. Las diferentes entidades del Estado involucradas directa e indirectamente en el desarrollo de proyectos de inversión minera deben estar alineadas. Este alineamiento debe materializarse en la práctica y tener como directriz una política minera clara compartida transversalmente a lo largo de todo el aparato estatal.
Tener una política minera de atracción y respeto por la inversión privada en minería, a todo nivel del Estado, nos convertiría a todos, especialmente entidades y funcionarios del Estado, en embajadores optimistas de que las inversiones mineras en el Perú pueden materializarse en proyectos que progresan en tiempos acordes a los de la industria.
No debería suceder que intereses mercantilistas entren en conflicto con el interés de la Nación, en este sector económico, ni en ningún otro.
