Una empresa minera en la República Democrática del Congo respaldada por el comerciante de materias primas Trafigura Group se puso a la venta después de que una caída en el precio del cobalto la dejara luchando para terminar proyectos clave.
El intento de venta de Chemaf Resources Ltd. se produce después de que la ambiciosa campaña de expansión de la empresa se topara con problemas financieros, lo que la obligó a realizar nuevas inversiones. La empresa está intentando construir una de las minas de cobre y cobalto más grandes del Congo, así como dos nuevas plantas de procesamiento, y el año pasado consiguió un préstamo de US$600 millones con Trafigura. Sin embargo, Bloomberg informó en agosto que el gigante comercial estaba buscando nueva financiación para el proyecto después de que se excediera en su presupuesto.
Ahora, se está invitando a los compradores interesados a ofertar por la totalidad de Chemaf en un proceso de venta que se inició a principios de septiembre, según un documento al que tuvo acceso Bloomberg.
La solicitud de propuestas, firmada por el fundador y presidente de Chemaf, Shiraz Virji, pedía a los posibles compradores que presentaran ofertas no vinculantes antes del 17 de octubre, e incluía el requisito de que los postores también comprometieran los US$250 millones a US$300 millones que aún se necesitan para completar la construcción de los proyectos de Chemaf.
Desde entonces, el plazo se ha ampliado para dar más tiempo, según una persona familiarizada con el asunto. Chemaf también está abierta a otros acuerdos más allá de la venta total de la empresa, ya que su prioridad es una inyección de capital y apunta a una valoración de alrededor de mil millones de dólares, dijo la persona, que pidió no ser identificada porque se trata de información privada.
El documento también dice que la principal filial de Chemaf en el Congo está sujeta a un “acuerdo de solución preventiva” que fue aprobado por un tribunal local en agosto y que da a la empresa la oportunidad de reestructurar sus deudas, al tiempo que impide a los acreedores presentar demandas contra la empresa.