Minería ilegal en 2025: nueve regiones impactadas, 139 mil hectáreas deforestadas y US$ 3300 millones no tributados

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El 2025 estuvo marcado por un fuerte crecimiento de la minería ilegal en la Amazonía peruana, con impactos severos en ríos, bosques, áreas naturales protegidas y territorios indígenas. El aumento de dragas, la deforestación acelerada, la contaminación por mercurio y los retrocesos legislativos debilitaron la fiscalización y favorecieron la expansión de esta actividad ilícita.

Estudios del Observatorio de Minería Ilegal (OMI) advierten que la minería ilegal de oro ya está presente en nueve regiones del país y afecta a 73 comunidades nativas y más de 250 ríos y quebradas. La deforestación acumulada por esta actividad alcanzó 139 mil hectáreas en la Amazonía, con Madre de Dios como principal foco. Solo en esa región, el número de dragas pasó de 140 en 2021 a más de 1600 en 2025.

En Loreto, la minería ilegal se intensificó en cuencas como el Nanay, Tigre y Yaguas, mientras que en Huánuco la deforestación minera se triplicó en un año. Según la Unidad de Inteligencia Financiera, esta actividad movió más de US$ 3300 millones entre 2024 y 2025.

La contaminación por mercurio se consolidó como una crisis de salud pública. Investigaciones revelan que el 97% de personas evaluadas en comunidades del Bajo Putumayo presentan niveles superiores a los recomendados por la OMS, y que peces comercializados en mercados de Iquitos superan los límites permitidos. En Madre de Dios, estudios estiman que los ríos pueden transportar hasta 12 toneladas de mercurio al año en zonas impactadas por la minería.

Organizaciones especializadas también alertaron sobre iniciativas legislativas que buscan flexibilizar la actividad minera y permitirla en cuerpos de agua, lo que representaría un grave retroceso frente a la evidencia científica y la normativa vigente.

El balance del año confirma que, pese a los esfuerzos de comunidades y algunos sectores del Estado, la minería ilegal continúa expandiéndose en un contexto de débil control y normas favorables. El OMI exhortó al Estado a fortalecer la fiscalización, frenar retrocesos legales y promover una minería ordenada, trazable y libre de mercurio, que respete el ambiente y los derechos humanos.

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