Nicolás Zevallos, director de Asuntos Públicos del Instituto de Criminología y Estudios sobre la Violencia, advirtió que la minería ilegal no solo constituye un delito por sí misma, sino que arrastra un conglomerado de actividades ilícitas que generan una enorme convulsión y problemática en las comunidades.
“Junto con la minería ilegal aparece un conglomerado de delitos, desde invasiones, extorsiones, sicariatos, asaltos, tráfico de insumos, corrupción, y lavado de activos. Uno puede identificar por lo menos 21 tipos penales en el Código Penal asociados a esto”, precisó Zevallos en el PERUMIN 37.
El especialista destacó la importancia de que el tema sea abordado en PERUMIN 37. Recordó que los primeros afectados por el crimen organizado vinculado a la minería ilegal son los mineros artesanales, quienes tienen menos recursos para protegerse.
Zevallos también enfatizó la necesidad de diferenciar la minería ilegal de la minería artesanal.
“La minería artesanal procura generar un beneficio económico de forma lícita, mientras que la ilegal opera sin permisos ni licencias y constituye una amenaza directa para los pequeños mineros”, aclaró.
Respecto al impacto regional, advirtió que las fronteras no detienen este fenómeno. “El oro peruano ilegal acaba en Bolivia, en Colombia, en Ecuador. Se comercia entre nuestros países, se ingresa y se moviliza para lavarse y legalizarse. Es un asunto que tiene que ser entendido a nivel regional”, señaló, recordando la necesidad de coordinación entre los países de la Comunidad Andina.
