Al promover la continuación del proyecto GSP, también lograremos la inversión en más exploración. Ello generaría empleo formal, así como un impulso a la economía especialmente del sur del Perú
Declarar de interés nacional que el sur del Perú tenga gas ha sido una afirmación de diferentes gobiernos, que inclusive motivaron formular leyes en el Congreso de la República, que a la fecha son letra muerta. Recuerdo que desde el 2008 el presidente Alan García suscribió la resolución suprema que aprobó la iniciativa privada a la empresa Kuntur Transportadora de Gas S.A. Durante el gobierno de Ollanta Humala se solicitó a ProInversión incorporar el proyecto “mejoras a la seguridad energética del país y desarrollo del Gasoducto Sur Peruano (GSP)”. Luego de una una serie de idas y vueltas en el año 2015 el consorcio Gasoducto Sur Peruano, a quien se le terminó otorgando la concesión del proyecto, cambia de accionariado e ingresan Enagás con el 25%, Graña y Montero con el 20% y Odebrecht con el 55%.
El caso Lava Jato estalla en el 2016, con lo cual el consorcio GSP no logró el cierre financiero. Un año más tarde, en 2017, el gobierno del Pedro Pablo Kuczynski declaró la terminación de la concesión del proyecto GSP y en enero de 2017 emitió el DU Nº001-2017, cuyo objeto era “dictar medidas urgentes y excepcionales necesarias para preservar el valor de los bienes de la concesión del proyecto y optimizar las acciones del Estado Peruano para una próxima transferencia de los bienes al sector privado”.
Tres presidentes han tenido intervención en el GSP sin que este proyecto… Puedes seguir leyendo esta columna en nuestra edición Energiminas 116 aquí.