El Ministerio de Cultura, a través del viceministerio de Interculturalidad, viene intensificando sus esfuerzos para fomentar el diálogo entre entidades estatales y pueblos indígenas u originarios, con el objetivo de promover inversiones sostenibles y prevenir conflictos sociales. De acuerdo con el artículo 15 de la Ley N° 29565, el viceministerio de Interculturalidad es la autoridad competente en temas de interculturalidad e inclusión, y trabaja en consonancia con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Es así como el Mincul asegura que las medidas a implementar en los territorios indígenas deben ser discutidas previamente mediante procesos de consulta, con el fin de garantizar la sostenibilidad de las inversiones y evitar conflictos sociales.
La entidad subrayó que la actividad minera responsable debe ser planificada cuidadosamente para minimizar su impacto en el patrimonio cultural. “Los sitios arqueológicos, considerados bienes frágiles e irremplazables, requieren un manejo especial para evitar daños irreparables. El Reglamento de Intervenciones Arqueológicas del Mincul, que incluye el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos en Superficie (Ciras), es esencial para mitigar posibles impactos negativos durante la actividad minera”, indicó la entidad en declaraciones al Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).
Consulta previa
En cuanto a la consulta previa, el Mincul refiere que su responsabilidad se limita a medidas relacionadas con la declaratoria de Patrimonio Cultural de la Nación y la asignación de categoría de Reserva Indígena. Los permisos mineros y las autorizaciones de inicio de actividades de exploración y explotación minera están bajo la competencia del Ministerio de Energía y Minas, que también implementa procesos de consulta previa. No obstante, el Mincul brinda asistencia técnica, capacitación y asesoría a los pueblos indígenas y a las entidades promotoras durante estos procesos.
La entidad también enfatizó la importancia de los mecanismos de participación ciudadana en la formulación y evaluación de planes y programas de desarrollo, asegurando que los derechos de los pueblos indígenas u originarios sean considerados en todas las etapas.
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