La crisis que atraviesa el sector minero en Panamá ha vuelto a poner sobre el tapete la necesidad de que, en todo el mundo, las empresas mineras y, en general, las extractivas, refuercen sus niveles de transparencia y su rechazo a la corrupción.
¿Qué ha sucedido? El Congreso de Panamá aprobó el viernes pasado una ley que prohíbe el otorgamiento de concesiones para la exploración, extracción y explotación de minerales metálicos: básicos, ferrosos, preciosos y radioactivosos.
La decisión tomada por unanimidad por el Congreso panameño es consecuencia de las multitudinarias protestas en contra de la extensión, por hasta 40 años, más de la concesión a Minera Panamá, subsidiaria de First Quantum Minerals que el mismo Congreso ha aprobado.
La ley, sin embargo, no afecta las operaciones de Minera Panamá que motivaron las protestas, por lo que grupos ambientalistas y sociales han anunciado que mantendrán sus medidas de lucha, las mismas que mantienen buena parte de la capital paralizada. La mina en cuestión, llamada Cobre Panamá, se ubica en una zona de conservación ambiental.
Pobladores y organizaciones civiles sostienen que la extensión de la concesión a Minera Panamá se realizó sin consulta pública y que estuvo plagada de corrupción, acusación que First Quantum Minerals ha rechazado en un comunicado.
“Minera Panamá y First Quantum Minerals tienen una política de cero tolerancia hacia la corrupción en todas sus formas. La empresa ha operado exitosamente en múltiples jurisdicciones durante más de 25 años y siempre se ha ajustado a los más altos estándares éticos y las mejores prácticas internacionales en su conducta empresarial y en su respeto a las leyes locales y nacionales. Además, como empresa canadiense, FQM está estrictamente sujeta a las sólidas leyes canadienses anti-soborno y corrupción. Estas leyes tienen alcance extraterritorial y prohíben los pagos irregulares a funcionarios extranjeros en cualquier parte del mundo, y en muchas circunstancias, convierten dichos pagos en delitos penales”, ha señalado la empresa.
Este tipo de confrontaciones no nos son ajenas. La buena noticia es que la solución ya la conocemos: Transparencia y buenas relaciones con las comunidades. Eso a pesar que haya ocasiones en que no bastan.
“Este es un ejemplo de lo que va a ocurrir con mayor frecuencia en el futuro, dado que la demanda de cobre va a aumentar y por lo tanto vamos a necesitar abrir más minas”, dice Adrián Duhalt, académico investigador del Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia en Nueva York, ha indicado al diario El País que “lo que vive Panamá es un anticipo de lo que ocurrirá en otros países. Donde un proyecto minero enorme tiene implicaciones ambientales visibles, debemos esperar una reacción natural de la sociedad y de los grupos ambientalistas”, opina Duhalt.
“Aquí adquiere una importancia estratégica la licencia social para operar y el diálogo con las comunidades, porque la transición tiene que ser justa”, señala Duhalt al diario español. “Las empresas deben acercarse con las comunidades para entender cuáles son sus necesidades, sus capacidades y sus valores. No puedes llegar a establecer tu voluntad simple y sencillamente porque te ganaste una concesión”, dice.
La producción que se extrae de Cobre Panamá equivale al 4.8 % del PBI panameño y emplea a más de 7000 trabajadores de forma directa. First Quantum Minerals posee siete minas y desarrolla cinco proyectos a nivel mundial de cobre, níquel, oro, zinc y platino. En el Perú, posee los proyectos La Granja, en Cajamarca, y Haquira, en Apurímac.
