La resolución ministerial que plantea el Ministerio de Energía y Minas (Minem) de destinar prioritariamente el suministro de gas natural a la generación eléctrica ante situaciones extraordinarias solo beneficia a un grupo de empresas que no han contratado un suministro continuo del recurso. Así lo afirmó el experto en energía y socio de LQG, Anthony Laub, quien sostuvo que dicha normativa atenta contra los contratos suscritos en el sector energía.
El especialista sostuvo que la medida elaborada por el Ejecutivo es una suerte de “intervencionismo”, puesto que hay empresas eléctricas que no han hecho su trabajo de manera correcta y producto de ello deben asumir su pérdida económica. En consecuencia, ante esa situación, están recurriendo a las autoridades para establecer medidas que puedan favorecer únicamente a su negocio en perjuicio de pequeños consumidores de gas natural y de otras empresas no eléctricas.
Además, Laub señaló que la propuesta sería perjudicial para más de 200 mil usuarios que forman parte de la cadena de suministro de gas natural, que se extiende por distintas regiones del norte y sur del país.
“Lo que el país consume hoy de gas natural tiene un orden preestablecido legalmente y un esquema contractual preexistente, el cual está siendo vulnerado por esta propuesta del Ejecutivo. A ello hay que agregar que el sistema del gas natural en el Perú no está interconectado. Ello implica que de darse la vulneración, los afectados son los usuarios e industrias que consumen gas natural fuera de Lima y Callao, y que no podrán contar con ese recurso para atender sus negocios”, explicó el especialista en entrevista con Canal N.
El experto en temas energéticos también aclaró que, ante una eventual escasez de agua por el fenómeno de El Niño, el mercado eléctrico no sufrirá mayores inconvenientes, dado que tiene un exceso de capacidad de generación de electricidad. En tal sentido, dicho suceso no justifica el uso de gas natural para atender la demanda eléctrica del país.
“La medida no tendrá un efecto inmediato en los próximos meses, puesto que la determinación del precio de la electricidad para los usuarios residenciales no está relacionada con fenómenos o eventos extraordinarios. Por el contrario, de aplicarse esta modificación, ello sí puede perjudicar el desarrollo futuro de la generación de electricidad y producto de ello se podría ver un aumento en las tarifas eléctricas en unos 4 años, afectando ahora sí a toda la población”, agregó.
Los contratos para las tarifas eléctricas destinadas a los consumidores finales (la población usuaria) son de largo plazo y se encuentran supervisados por el Osinergmin, de manera que no sufrirían un alza espontánea a causa del fenómeno de El Niño.
