En la cuarta edición de Rumbo a PERUMIN, evento organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, Fernando Castillo, consultor internacional, cuestionó que la industria minera pagó S/80.000 millones en impuestos directos en los últimos veinte años, mas los gobiernos regionales y locales no supieron administrarlo correctamente, ya sea por incapacidad o por corrupción de sus funcionarios.
Reconoció que el uso adecuado de los recursos económicos provistos por la minería y otros sectores productivos constituye un medio esencial para el cumplimiento de los derechos humanos, la cual debe ser traducida en la generación de servicios básicos de calidad, infraestructura de conexión digital y transporte, y creación de puestos de trabajo formales.
Incluso, lamentó que la alta inoperancia e improvisación respecto a la gestión apropiada de las transferencias dinerarias no solo se ha visto a nivel departamental, sino también a nivel de país, pues el Estado llegó a acumular S/8.000 millones en compromisos que fueron incumplidos, los cuales estaban orientados a la construcción de represas y carreteras, principalmente.
Asimismo, criticó que muchos funcionarios desconocen su marco de competencias o se irrogan facultades que no les corresponden, tal como sucedió con el gobierno regional de Cajamarca, el cual declaró a las rondas campesinas como pueblos originarios, medida que luego fue derogada por el Ministerio de Cultura, la única entidad autorizada en este tipo de acciones.
Pero, así como el Estado suscribe compromisos y tiene complicaciones para cumplirlos, el experto señaló que todo lo contrario sucede en el sector minero, ya que se muestra más proclive a satisfacer la mayor cantidad de obligaciones pactadas en el menor tiempo posible, dado a que se tiende a rechazar estos acuerdos y exigir otros más por la nueva dirigencia comunal.
Gobernanza de los recursos naturales
Igualmente, el consultor internacional resaltó la necesidad de impulsar una correcta gobernanza de los recursos naturales en el sector minero, a fin de derivar las transferencias económicas en proyectos de desarrollo comunitario y así prevenir los conflictos sociales, los cuales pasaron de escalar a casi todas las regiones del país a solo concentrarse en ciertos puntos por ahora.
En ese sentido, propuso que el Estado debiera considerar los nuevos requerimientos de los gobiernos subnacionales dentro del Presupuesto General de la República, que se formula entre agosto y setiembre y se aprueba en diciembre, con el objetivo de que estos requerimientos se cumplan en el año entrante y con ello construir una correcta gobernanza del sector minero.
Perú espera reincorporación en EITI
De otro lado, Fernando Castillo destacó que el Perú fue el primer país en el mundo que implementó la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI) e inclusive enseñó sobre su aplicación a Argentina, Colombia y Guatemala; no obstante, culpó que las malas acciones y decisiones como Estado llevaron al país a ser descalificado y suspendido del EITI.
Empero, recordó que el Ministerio de Energía y Minas recientemente cumplió con publicar el VIII Informe Nacional de Transparencia EITI Perú antes del 31 de diciembre del presente año, cuya esperada aprobación permitirá retornar a esta alianza internacional conformada por 57 países, con el propósito de transparentar los pagos que efectúan las empresas a los gobiernos.
