La transferencia de recursos generados por la actividad minera a los gobiernos regionales y locales de la Macrorregión Centro, que incluyen el Canon Minero, Regalías Mineras Legales y Contractuales, y Derecho de Vigencia y Penalidad, sumaron a noviembre de 2022 más de S/ 5,056 millones, de acuerdo a la última edición del Boletín Estadístico Minero, informó el Ministerio de Energía y Minas (MINEM).

Esta cifra transferida a los gobiernos integrantes de la Macrorregión Centro, -que comprende a las regiones de Lima, Áncash, Junín, Pasco, Huánuco, Huancavelica, Ayacucho, Ica- contribuye, entre otros aspectos, a la continuidad de las actividades económicas regionales.

El documento estadístico precisa que solo en las transferencias por Canon Minero, hasta la fecha, se alcanzó una cifra superior a los S/ 3,574 millones, monto que va dirigido a los gobiernos subnacionales para la ejecución de obras públicas en diversos sectores en beneficio directo de la población.

Asimismo, las transferencias por el concepto de Regalías Mineras Legales y Contractuales entre enero y noviembre sumaron más de S/ 1,373 millones, situación que fue alentada por los altos precios de los metales y la mayor producción minera, lo que generó mayores utilidades para las compañías mineras y, asimismo, el pago de más impuestos.

Finalmente, las mencionadas regiones recibieron por Derecho de Vigencia y Penalidad un monto que supera los S/ 109 millones.

Entre las regiones integrantes de la Macrorregión Centro, la región Áncash recibió más de S/ 2,867 millones, ocupando el primer lugar; seguida de Ica, que durante este lapso de tiempo recibió más de S/ 1,278 millones; y en tercer lugar se ubica Junín, con más de S/362 millones, producto de esta actividad económica.

Continúan en la lista la región Lima, que recibió más de S/ 228 millones; seguida de Ayacucho, con más de S/ 163 millones; y luego Pasco con una cifra superior a los S/ 125 millones.

Es importante destacar que los recursos generados por la minería constituyen una fuente de financiamiento para los gobiernos subnacionales, y ello les permite ejecutar proyectos públicos que apuntan a mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y en especial de las comunidades aledañas a los proyectos mineros.