Según la Asociación de Contratistas Mineros del Perú, más de 10,000 puestos de trabajo ligados al sector extractivo han sido afectados a causa de la convulsión social, cifra que podría aumentar si otras minas se ven obligadas a detener sus actividades. “Debido a los bloqueos, se pone en riesgo la capacidad de almacenamiento de las unidades mineras y, sobre todo, el transporte de mineral. Esta situación obliga a reducir el ritmo de trabajo en las minas y, en algunos casos, a detener por completo la producción y exportación de mineral; lo que impacta directamente en quienes laboran en el sector”, señaló Guillermo Shinno, gerente general de Minera Apumayo.

La industria extractiva genera 2 millones de empleos a nivel nacional, entre directos e indirectos. En el caso de la región Ayacucho, más de 50,000 puestos de trabajo dependen de la minería. El impacto de dicho sector llega a más de 200,000 personas, considerando a los colaboradores y sus familias. Esto representa cerca del 30% de la población ayacuchana.

La convulsión social también afecta a los contratistas que brindan servicios en las diversas minas del país. Dichas empresas necesitan adquirir diversos bienes o servicios para cumplir con sus funciones, ya sea de limpieza, seguridad, mantenimiento, transporte, entre otros. A causa de las paralizaciones, los contratistas han reducido en un 30% su adquisición de maquinaria debido a que no pueden trasladar dicho material hasta los campamentos mineros.

“El sustento de muchas familias y pequeñas empresas depende de la cadena económica generada por la minería. En el caso de Apumayo, sumado al proceso de cierre, las protestas vienen afectando a cientos de familias, quienes esperen que la situación de conflictividad en el país se reduzca, para que los nuevos proyectos mineros se implementen oportunamente y así recuperar sus fuentes de trabajo”, agregó el ex viceministro de Minas.

La minería incrementa el presupuesto de gobiernos locales y regionales. Por concepto de canon y regalías, la región Ayacucho ha recibido más de S/ 716 millones de soles en los últimos 21 años. Sin embargo, la responsabilidad del gasto eficiente de dichos ingresos radica en las autoridades provinciales y distritales.